Mientras el gobierno de Macri sigue aumentando astronómicamente nuestra deuda externa, establece la jurisdicción extranjera para resolver cualquier litigio y pone como garantía todos los recursos del país.

Escribe José Castillo

Desde su asunción en diciembre de 2015 hasta hoy, el endeudamiento ha crecido en 80.000 millones de dólares, sumando Nación y provincias. Y no tiene visos de detenerse. Los dólares “entran” para pasar a jugar en la bicicleta financiera, para subsidiar a las privatizadas, para pagar los intereses de las deudas anteriores o directamente para fugarse. Se ha impuesto una brutal bicicleta financiera que les garantiza ganancias únicas en el mundo a los que especulan con bonos o letras (la forma que asumen los papeles de la deuda en nuestro país).

Mientras los especuladores viven este ciclo de “plata dulce”, cada vez se agranda más lo que el estado debe pagar en concepto de intereses de esa misma deuda. Este año ya son 16.000 millones de dólares, el doble de todo el dinero destinado a educación y tres veces el presupuesto de salud.

Pero eso no es todo. Como se sabe que esta bola de nieve es insostenible y en algún momento del mediano plazo volverá a aparecer la imposibilidad de seguir cumpliendo con los pagos, los acreedores se curan en salud y exigen “garantías”. Y el gobierno de Macri se las da. Veamos: por un lado todos los bonos de deuda que se están emitiendo tienen la cláusula que, ante cualquier litigio, se define en alguna jurisdicción extranjera (mayoritariamente en tribunales de los Estados Unidos). ¿No bastó la experiencia de lo que pasó en su momento con los fondos buitres y el Juez Griesa? Evidentemente no, ya que se prepara el terreno para que se repita la cuestión.

Pero eso no es lo más grave. Esta vez ha quedado explícitamente detallado con qué tendría que responder la Argentina en caso de que incumpla sus vencimientos. Macri lo hizo a través de los decretos 29 y 231 de este año. Por medio de ellos se habilita a que las riquezas y los recursos naturales de nuestro país puedan ponerse como “garantía” del pago de nuestra deuda externa. Seamos más explícitos: el gobierno establece que los recursos hidrocarburíferos (gas y petróleo), el litio, otros recursos minerales y las empresas del estado quedan fuera de lo que se llama “protección de inmunidad soberana”, lo que quiere decir que pueden ser embargadas y ejecutadas en caso de incumplimientos en pagos de deuda. Recordemos que, en el caso de los fondos buitres, cuando el juez Griesa “salió” a buscar bienes argentinos para embargar, se encontró con que no podía hacerlo por estas restricciones legales. Por eso sólo pudo terminar embargando unos galpones sin valor en los Estados Unidos y logró detener a la fragata Libertad, pero ni siquiera quedarse definitivamente con ella.

Ahora el gobierno de Macri le allana el camino a los tribunales internacionales, diciéndoles explícitamente que sí pueden embargar y hasta rematar los bienes de nuestro país. Seamos claros, el macrismo sostiene en sus decretos que renuncia a oponer la defensa de “inmunidad soberana”, que es una facultad fijada en el derecho internacional.

Se trata de una vuelta de tuerca en la entrega al imperialismo. Un capítulo más en la larga historia de colonización que rodea a nuestra deuda externa. Como dijimos centenares de veces, volvemos a insistir en que la única salida para romper estas cadenas de sometimiento al imperialismo es dejar de pagar ya mismo la deuda externa, poniendo todos esos recursos al servicio de las más urgentes necesidades populares de salario, trabajo, educación, salud y vivienda. Y romper con todos los organismos internacionales y estas legislaciones mafiosas.