El repugnante fallo de la Corte Suprema pone luz sobre el funcionamiento de este organismo, punta de la pirámide del sistema judicial. Muchos analistas ponen énfasis en los cambios que se dieron con la entrada de los dos nuevos jueces, que habrían cambiado los criterios de la “mayoría anterior” de la Corte. Para nosotros el problema es mucho más profundo. El sistema jurídico de conjunto es oligárquico y antipopular. Los jueces de primera y de segunda instancia (Cámara de Casación) son elegidos por un mecanismo absolutamente antidemocrático en un organismo que da para todo tipo de negociaciones: el Consejo de la Magistratura. En la cúspide, los jueces de la Corte son directamente nombrados por el presidente con acuerdo del Senado de la Nación.

Esos jueces son inamovibles, no importa el tiempo que permanezcan en el cargo ni las barbaridades que determinen en sus fallos. Sólo pueden ser removidos por edad al llegar a los 75 años (y aún eso está por verse, porque es materia de interpretación) o por el mecanismo del juicio político en el Consejo de la Magistratura o, en el caso de los miembros de la Corte, en el propio Senado. Como vemos, todos mecanismos que dan para el reparto y cubrirse unos a otros, siguiendo el viejo dicho de que “entre bueyes no hay cornada”.

Estamos absolutamente en contra de estos mecanismos. Sostenemos que todos los jueces, de todos los niveles, deben ser elegidos por el voto popular, por un período determinado de tiempo y pudiendo ser revocados si no cumplen lealmente sus funciones. Al mismo tiempo, se debe implementar el juicio por jurados para todos los casos, incluyendo en particular los casos de violación a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

S.S.