La transnacional brasileña pagó coimas en nuestro país por 35 millones de dólares. Resultaron favorecidos funcionarios y empresas vinculadas tanto al gobierno anterior como al actual. ¿Se viene el Lava-Jato argentino?

Escribe Guido Poletti

Se está transformando en un auténtico “mundial de la corrupción”. Odebrecht, el principal grupo económico de Brasil, admitió haber pagado coimas por 788 millones de dólares en más de 100 proyectos en doce países. La multinacional se vio favorecida no sólo porque así ganó en forma trucha contratos de obras públicas violando las licitaciones respectivas. Las coimas también esconden los sobreprecios que Odebrecht cobraba por dichas obras y los de privilegios impositivos que engrosaban sus arcas. En síntesis: un auténtico saqueo a los presupuestos de todos los países involucrados.

En la Argentina, Odebrecht confesó haber pagado coimas por 35 millones de dólares. Aclaremos que ese es el número hasta ahora, aunque muy probablemente aparezcan nuevas revelaciones cuando el 1° de junio la justicia brasileña le entregue a su par argentina datos que hasta hoy están encriptados.

¿Yo señor? ¡No, señor! ¿Pues entonces quién lo tiene?

El viejo juego infantil es lo que mejor ilustra el pase de responsabilidades entre kirchneristas y macristas. La kirchnerista Alejandra Gils Carbó, titular de la Procuración (y por lo tanto jefa nacional de los fiscales que deben llevar adelante la investigación) es acusada, con razón, por el macrismo de frenar el avance de la causa para proteger a los funcionarios del ex gobierno kirchnerista. El ministro de Justicia Germán Garavano, por su parte, es acusado por los kirchneristas de buscar un acuerdo con los abogados de Odebrecht mientras trata de despegar a Gustavo Arribas, actual titular de la AFI (ex SIDE y por lo tanto jefe de los espías), denunciado por haber cobrado 850.000 dólares de parte de la constructora. Los macristas destacan que la mayoría de los contratos de Odebrecht (y por lo tanto el pago de coimas y sobreprecios) se hizo durante la gestión kirchnerista. Cierto. Los kirchneristas retrucan que beneficiaron a empresas vinculadas al macrismo, como Iecsa (hasta hace pocos meses propiedad de Angelo Calcaterra, primo de Macri) y socia de Odebrecht en el soterramiento del Sarmiento, una obra faraónica e inútil según vienen denunciando los ferroviarios del Sarmiento desde el año 2006. También cierto. Por si todo esto fuera poco, terció en el debate José Manuel De la Sota, que apareció defendiendo a la constructora brasileña y afirmando que en Córdoba no tienen ningún problema ya que “cobra barato y trabaja rápido”. Recordemos que De la Sota ya fue involucrado y denunciado por la “conexión cordobesa” con las maniobras delictivas de Odebrecht.

¿Se vendrá un Lava-Jato argentino?

Todos tratan de cubrirse. Le tienen terror a un “destape” que muestre la íntima conexión entre empresarios y gobernantes de todos los colores. Odebrecht, por su parte quiere que se le sigan garantizando sus negocios, para así “hacer caja” y con eso pagar las multas que surjan como consecuencia de los juicios, además de garantizar impunidad para sus gerentes y directivos involucrados.

Macristas, kirchneristas, jueces y fiscales harán lo imposible para que, a lo sumo, alguna denuncia “salpique” electoralmente a algún adversario político, pero garantizando la impunidad del conjunto.

Por eso, la verdadera salida para terminar con escándalos de este tipo es, como lo planteó en su proyecto de ley nuestro diputado nacional Juan Carlos Giordano, la inversión de la carga de la prueba y que el conjunto de los involucrados sean considerados culpables, debiendo ellos demostrar su inocencia, y que se proceda a la confiscación y remate de las propiedades y bienes de esas personas y empresas. Esa será la única manera en que, de una vez por todas, los funcionarios y empresarios corruptos vayan presos y devuelvan todo lo robado.