La colas interminables en la Expo-Empleo Joven pusieron a la luz una realidad: uno de cada cuatro jóvenes está desempleado. Los supuestos planes del gobierno no sólo no resuelven este flagelo: aumentan la precarización y la superexplotación.

Escribe José Castillo

La semana pasada el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó una nueva edición de la “Expo-Empleo Joven”, un lugar donde agencias de empleo temporario y algunas grandes empresas montaban stands de propaganda. Pero esta vez sucedió algo sorprendente: concurrieron más de 170.000 jóvenes, colapsando las instalaciones y haciendo colas de hasta seis horas para entrar. ¿Qué estaba pasando? Simplemente que algunas de estas empresas habían hecho la publicidad engañosa de que ahí se conseguirían “puestos de trabajo”. Las anécdotas sobran: pibes y pibas, con sus currículums en la mano, tratando desesperadamente que se los reciban en los diferentes stands, sólo para recibir como respuesta: “no te va a servir para nada, mejor mándalo por internet y te incorporamos a la base de datos”. Esta es la primera denuncia que tenemos que hacer: el Gobierno de la Ciudad armó una propaganda marketinera jugando con las necesidades e ilusiones de decenas de miles de jóvenes, se les hizo gastar plata en viajar –en algunos casos desde el tercer cordón del conurbano, en tres colectivos-, en sacar fotocopias de un currículum que nadie iba a recibir –los chicos venían con 10 o 12 copias cada uno-, todo para nada.

Pero todo esto también desnudó una crisis mucho más de fondo. Si a la juventud hace años que le resulta sumamente difícil conseguir un trabajo –y muchísimo más uno no precarizado-, esto se ha complicado mucho más a partir del ajuste macrista. Yendo a los números concretos: si la tasa oficial de desempleo es del 8.3%, en la franja de entre 16 a 24 años trepa a casi el 24%. Como reconoce el propio director del Indec Jorge Todesca: “del total de desocupados, el 60% son menores de 30 años y el 45,7% son de 20 a 29 años” (Ambito Financiero, 5 de junio).

Pero a esto hay que sumarle que los jóvenes que figuran en la franja de “ocupados”, son a la vez los que tienen los peores trabajos: se los toma en negro, o tercerizados. Muchas veces se los hace trabajar bajo la forma de “pasantías” o trabajos “meritorios”, donde ni siquiera se les paga el salario mínimo ni se les reconoce legalmente una relación laboral.

El gobierno de Macri cada vez que se refirió al tema fue para proponer programas que profundizan esta precarización. Primero fue con el convenio de primer empleo con la multinacional Mc Donald´s. Fue un escándalo: a la empresa se le permitía contratar pibes de hasta 24 años con salarios de 4.500 pesos (muy por debajo del mínimo, vital y móvil legal) y con 1.000 pesos aportados por el estado. Generó tantos rechazos e incluso acciones judiciales en contra, que terminó siendo dado de baja menos de un año después. Luego se propuso el “plan primer empleo”, que tenía como eje que las empresas pudieran ahorrarse los aportes patronales, además de que, nuevamente, el estado pagaría una parte del salario. Después de ser rechazado por la comisión de trabajo de la Cámara de Diputados, no se volvió a escuchar hablar de él. Y el tercero y último fue dado a conocer el pasado 1° de Mayo, en el acto que le organizó el “Momo” Venegas a Macri. Se trata del “programa de inserción laboral”, también conocido como “Plan Empalme”, que le ofrece a las empresas que los planes sociales sean considerados parte del sueldo (abonado por el estado), quedando aquellas a cargo de abonar sólo la diferencia. Como vemos, en todos los casos, más precarización y superexplotación.

Desde el Frente de Izquierda sostenemos que la auténtica salida al drama del desempleo juvenil pasa por la efectiva implementación de un programa de emergencia que, financiado con la suspensión inmediata de los pagos de la deuda externa, cree un gran plan de obras públicas que permita la contratación masiva de la enorme masa de desocupados. A esto tenemos que sumarle la efectivización de todos los tercerizados y precarizados en todas las formas de contratación, la prohibición de suspensiones y despidos, la estatización de toda empresa que viole esta disposición poniéndola a funcionar bajo gestión de sus propios trabajadores, el reparto de las horas de trabajo entre todos los ocupados y desocupados sin afectar el salario, así como la puesta en marcha de un verdadero plan de becas para que la juventud pueda acceder al estudio y la formación profesional.