El conflicto de los choferes de Córdoba excedió el marco local y su rebelión conmovió al país. Esta semana volvieron al paro los docentes de la provincia de Buenos Aires, sumándosele los estatales, judiciales y médicos de la Cicop. También está la autoconvocatoria de los choferes de Capital y Gran Buenos Aires. ¡Hasta las personas con capacidades diferentes se movilizarán para reclamar que no les quiten sus pensiones! Es que empiezan a estallar las expresiones de bronca ante un ajuste que no se detiene y la firma por parte de la burocracia sindical de acuerdos salariales a la baja. Al cierre de esta edición, se conocía nuevos datos de las consecuencias de las políticas de Macri: la desocupación, según el propio Indec, creció hasta el 9,2%.

El gobierno nacional y sus medios adeptos salieron a deslegitimar los reclamos, atribuyéndoles motivaciones de política partidaria ante el cierre de “la presentación de listas”. Nada más lejano de la realidad: se trata de peleas genuinas que estallan reclamando por salarios que no alcanzan y contra los despidos que siguen creciendo. Y lo hacen pasando por arriba de la tregua pactada entre el gobierno y los dirigentes de la CGT y de la CTA, que había dado como resultado la firma de una gran cantidad de convenios con números de alrededor del 20% en cuotas, pensando que ya habían resuelto así toda la pelea salarial.
El gobierno pretende ir por más. Es lo que le exigen el FMI, los economistas del establishment y la cúpula empresarial: profundizar el ajuste. Por eso ahora sale directamente a atacar el derecho de huelga, como acaban de hacerlo en Córdoba al declarar el transporte “servicio esencial”. O cuando atacan lo que llaman la “industria del juicio”, en una nueva avanzada contra los derechos de los trabajadores, en línea con profundizar la flexibilización laboral. Matando dos pájaros de un tiro, el presidente Macri hace esto atacando a Héctor Recalde, un viejo abogado de la burocracia sindical y actual referente en diputados del kirchnerismo, lo que le sirve para seguir jugando a la polarización electoral.
Es que esta semana también se largó el cronograma electoral, con la presentación de listas para las PASO de agosto. Macri y Cristina se “ayudan” uno al otro tratando de llevar todo a la polarización entre ellos. Pero la realidad es que, más allá de todo lo que traten de diferenciarse en el discurso, los candidatos de la oposición patronal, empezando por el peronismo en todas sus vertientes, han sido cómplices del ajuste, el saqueo y la corrupción reinante. Como muestras de estos últimos días tenemos el “dietazo” que los unió a todos en el Congreso (y al que sólo se opuso el Frente de Izquierda) y el Acuerdo Federal Minero, nuevo estatuto de la entrega a los pulpos contaminantes como la Barrick, firmado por el gobierno nacional con la mayoría de los gobernadores, entre ellos Alicia Kirchner de Santa Cruz. El frente “1País” liderado por Massa y Stolbizer también aportó lo suyo: mientras afirman “transitar por la avenida del medio” en el conflicto de los choferes de Córdoba actuaron como una sola voluntad los gobiernos nacional de Macri y municipal de Mestre (UCR-Cambiemos), conjuntamente con el provincial de Schiaretti (peronista aliado a Massa en las elecciones pasadas) y con el rol central en romper la huelga a cargo de Roberto Fernández de la UTA, uno de los principales burócratas sindicales ligados al massismo.
Lo que sí fue una gran noticia para todos los luchadores fue la presentación del Frente de Izquierda con una única lista para las PASO. El acuerdo, que comentamos extensamente en las páginas centrales, nos permitirá salir de inmediato en forma conjunta para seguir siendo parte y apoyando todas las luchas en cursos, y al mismo tiempo postular un programa alternativo contra el ajuste, que comience por reclamar que la plata se destine a salario, trabajo, educación, vivienda, salud, presupuesto para resolver la violencia de género, becas para los jóvenes, y otras urgentes necesidades populares y no para pagar una deuda externa que cada vez crece a una mayor velocidad.