El 21 de agosto de 2015, Claudia Schaefer fue junto a su abogado a la casa que alquilaba con su esposo, Fernando Farré, en el country Martindale de Pilar. Estaban en el medio de un divorcio conflictivo luego de años de violencia de género y denuncias en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia. Ella necesitaba retirar sus pertenencias de la casa y, ante el miedo de sufrir un ataque, tomó casi todas las precauciones posibles. Pero no fueron suficientes. Cuando ingresó al vestidor a buscar su ropa, Farré entró detrás de ella. En un instante, cerró la puerta con llave y la atacó con dos cuchillos que había sacado de la cocina. Pocos minutos después, Claudia Schaefer yacía muerta luego de ser degollada y con 74 puñaladas en el cuerpo. Así, el nombre de Claudia se sumó a la larga lista de 286 femicidios cometidos en el 2015 en Argentina.

Farré fue detenido y acusado de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por femicidio. Llevado a juicio, terminó siendo condenado a cadena perpetua el pasado 6 de junio. En un país acostumbrado a la impunidad y donde la justicia patriarcal sistemáticamente tiende a proteger a los agresores, el fallo contra Farré se transformó en un auténtico ejemplo. Ello fue posible, sin duda, por la creciente movilización contra la violencia de género, pero también porque el fallo fue el resultado de la deliberación de un jurado popular.

Desde Izquierda Socialista venimos reclamando la implementación del juicio por jurado en todos los fueros. Junto con la elección popular de los jueces, es el mecanismo para terminar con los privilegios y maniobras de un Poder Judicial que, en todos los niveles, sistemáticamente falla contra los trabajadores, los sectores populares, las mujeres, los jóvenes, los pueblos originarios y las minorías de la diversidad sexual.

Que, ante un caso de violencia de género sean doce personas tomadas del común de la población las que, tras escuchar los argumentos, decidan sobre la culpabilidad o inocencia del acusado, fue efectivamente lo que garantizó la condena, superando cualquier sesgo patriarcal y patronal que pudiera haberse dado en los jueces del caso.

Imaginémonos si los genocidas de la dictadura fueran juzgados en juicios por jurados. O si los funcionarios y empresarios vinculados a casos de corrupción tuvieran que enfrentar a doce ciudadanos que van a definir su inocencia o culpabilidad. Ahí de nada servirían las maniobras, coimas o jueces comprados. Lamentablemente, el juicio por jurados es apenas una excepción, limitado a poquísimos casos agravados del fuero penal, y apenas vigente en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Neuquén.

El caso Farré conmocionó a todo el país. Su condena a perpetua fue una bocanada de aire fresco. Hay que exigir la implementación del juicio por jurados para todos los casos, comenzando por los referentes a violencia de género. Será un paso efectivo para luchar contra el carácter patronal y patriarcal de nuestro Poder Judicial.