Escribe Nicolás Núñez, candidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires

Ha sido una constante de los últimos meses el ingreso de efectivos de distintas fuerzas represivas a colegios secundarios y universidades. Lo hemos visto en las Universidades de La Rioja, Jujuy, Comahue, San Juan, y el CBC Martínez de la UBA. También en Banfield, en un colegio secundario ante denuncias de supuestos robos. En la localidad de Berisso policías bonaerenses de civil aplicaron maniobras de ahorcamiento en el suelo a estudiantes de 15 años que reclamaban mejores condiciones para su colegio. Por su parte, en la Ciudad de Buenos Aires los estudiantes de una decena de colegios denunciaron el ingreso de efectivos armados a los establecimientos.

Estamos frente al correlato hacia adentro del sistema educativo de lo que fueron dos políticas llevadas adelante de forma generalizada por el gobierno de Macri. Por un lado, el recrudecimiento de la criminalización y represión de la protesta social; y por otro, el avance de la militarización de los barrios humildes y el copamiento con efectivos policiales del espacio público. Se trata de una política de Estado, de punta a punta del país y en provincias y universidades tanto gobernadas tanto por Cambiemos como por el peronismo, se busca preventivamente amedrentar y disciplinar a un movimiento estudiantil para el cual se prepara un ajuste todavía mayor para después de las elecciones.

A nivel de la educación media, no existe al día de la fecha una legislación ante estos casos. El kirchnerismo de la Ciudad de Buenos Aires presentó la semana pasada un proyecto que en nombre de prohibir el ingreso de la policía, termina legitimándolo y reglamentándolo. Para ese proyecto sería legal que ante la toma de un colegio la policía intervenga para desalojarlo si las autoridades lo solicitan. El gremio docente combativo Ademys, definió correctamente no acompañar ese proyecto y se propone realizar una campaña de concientización y movilización para terminar con el ingreso de la policía a los colegios.

En el caso de las universidades, la prohibición del ingreso de la “fuerza pública” por iniciativa propia fue establecida por la Ley de Educación Superior de 1995. Sin embargo ésta dejó aún en manos de las autoridades la posibilidad de convocar a la policía. Potestad de la que se hizo uso recientemente para reprimir protestas en los casos de Comahue y La Rioja.

La defensa irrestricta de la autonomía universitaria debe ser uno de los ejes por los que se proponga pelear el movimiento estudiantil, en el camino de llegar al centenario de la Reforma Universitaria con un programa de fondo para sacar al sistema educativo de su actual crisis. Es uno de los puntos que una nueva Ley de Educación Superior debería contemplar. Lograrlo es una tarea urgente para proteger a un estudiantado que tiene por delante grandes combates contra el ajuste de Macri y los gobernadores.