El gobierno de Macri responde con una única frase a los reclamos de los docentes, trabajadores de la salud o el resto de los estatales: no hay plata. Los empresarios privados les dicen lo mismo a sus empleados. Ahora se agrega un virtual congelamiento del salario mínimo. Todo tiene un objetivo: destinar ese dinero al pago del endeudamiento externo.

Escribe José Castillo Candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires

Los datos son contundentes: la mitad de la población que tiene algún tipo de ingresos, percibe menos de 9.700 pesos por mes. Estamos hablando de 12 millones de personas. Si bajamos un poco más, hacia los más pobres, vemos que el 30% (7,2 millones de personas) cobra menos de 6.000 pesos mensuales.

Muchísima gente percibe el salario mínimo (8.000 pesos) o menos aún: se trata de los que están en negro, las categorías más bajas de los empleos formales y todos aquellos que reciben planes sociales. Por eso resultó vergonzoso que la semana pasada en la reunión del Consejo del Salario, el ministro de Trabajo Jorge Triaca terminara fijando unilateralmente un “aumento” del salario mínimo, vital y móvil que llegará a los 10.000 pesos en tres tramos recién en julio de 2018. Entendámonos: el salario mínimo actual está en la mitad de lo que se considera un ingreso que supera la pobreza (15.000 pesos), por lo tanto de “vital” no tiene nada. Ahora, tras la decisión unilateral del gobierno, ni siquiera se lo aumenta de acuerdo a la inflación, por lo que también pierde el carácter de “móvil”.

El gobierno de Cambiemos, en complicidad con los gobernadores, le ha impuesto a los docentes salarios a la baja. Lo mismo viene sucediendo con los estatales, los judiciales y los profesionales de la salud. Las paritarias cerradas en el sector privado también fueron por debajo de la inflación y en cuotas, motorizadas de esa forma por el propio ministerio de Trabajo. El año pasado los trabajadores perdieron en promedio el 10% de su capacidad de compra. Este año, los salarios también terminarán por debajo de la inflación.

¿A dónde va la plata?

La contrapartida de todo esto es el astronómico endeudamiento externo. Desde la asunción del gobierno de Macri, el monto de deuda ha crecido en más de 90.000 millones de dólares. Si sumamos la deuda en moneda extranjera, la deuda en moneda local (gran parte de la cual está en manos de especuladores financieros internacionales), la deuda tomada por las provincias (con garantía del gobierno nacional) y la enorme masa de Lebacs (letras del Banco Central por más de un billón de pesos, que le “rinden” a los acreedores un 26.25% anual) tenemos una masa total de más de 350.000 millones de dólares. Se trata de una bola de nieve impagable y en constante crecimiento. ¿A dónde va todo ese dinero que supuestamente “reciben” el estado argentino o las provincias? La realidad es que ni un peso o dólar van a resolver ninguna necesidad popular: una parte muy importante simplemente se usa para pagar la deuda anterior; otra parte entra a jugar en la bicicleta financiera y finalmente se fuga por los circuitos especulativos –por lo que sólo enriquece a los buitres-; y una tercera parte se le entrega a las empresas transnacionales para que “repatrien utilidades” (o sea que también se va del país).

Mientras tanto, el mayor endeudamiento obliga, año a año, a pagar en efectivo cada vez más plata en concepto de intereses de la deuda. Este año ya sumarán 16.000 millones de dólares, el doble del presupuesto nacional en educación y tres veces el de salud.

Sintetizando: el estado “no tiene plata” para salarios porque los destina al pago de deuda. Los empresarios privados se niegan a dar aumentos de salarios acordes a la inflación porque prefieren poner su plata en la bicicleta financiera, que a la vez aumenta la deuda. La conclusión es sencilla: la plata está, solo que se la destina para esos fines.

Por eso, como dice el programa del Frente de Izquierda, no habrá salida hasta que no dejemos de pagar esta deuda inmoral que enriquece a un puñado de capitalistas y pongamos todo ese dinero para resolver las más urgentes necesidades populares, y en particular, un salario mínimo igual a la canasta familiar, que se actualice por la inflación mensual.