Escribe Mercedes De Mendieta Candidata a Legisladora del FIT en CABA

El pasado 28 de junio, en una conferencia de prensa realizada en la Legislatura Porteña, los legisladores Laura Marrone (Izquierda Socialista) y Marcelo Ramal (PO) del bloque del Frente de Izquierda, presentaron un proyecto de ley que propone reestatizar el subte y el premetro bajo control de sus trabajadores y usuarios (ver proyecto completo con articulado y fundamentos en la página de Facebook de Laura Marrone).

Estuvo presente una delegación de trabajadores del subte que apoyan el proyecto, entre ellos Claudio Dellecarbonara y Ariel Mastandrea, miembros del Secretariado Ejecutivo del sindicato del subte (AGTSyP), Cristian Paletti, delegado paritario y del taller San José, y otros destacados activistas. También expresaron su apoyo los trabajadores ferroviarios del Sarmiento por medio de la presencia de Edgardo Reynoso, integrante de la Comisión de Reclamos del Ferrocarril Sarmiento y colaborador en la redacción del proyecto. Se hicieron presentes numerosos referentes del Frente de Izquierda en la Ciudad, como los candidatos a legisladores Myriam Bregman (PTS), Gabriel Solano (PO) y Nicolás Núñez (Izquierda Socialista), y los candidatos a diputados nacionales Patricio Del Corro (PTS) y José Castillo (Izquierda Socialista), entre otros. Fue una gran actividad que tuvo buen impacto en distintos medios de prensa.

Ante la próxima finalización de la concesión del subterráneo y el premetro a Metrovías, el gobierno de Rodríguez Larreta, a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, envió a la Legislatura porteña un proyecto para llamar a una licitación pública internacional que defina qué empresa concesionará el servicio de subte durante los próximos doce años. ¡Una escandalosa nueva privatización!

El transporte se suma a los servicios, como la luz y el gas, que se encuentran en manos de empresas privadas que no invirtieron ni un peso durante décadas y que brindan servicios colapsados mientras reciben subsidios millonarios. Es necesario que el sistema de transporte vuelva al Estado para que pueda garantizar un servicio de excelencia para los trabajadores y el pueblo con tarifas populares. Los trabajadores, junto a los usuarios, son los únicos interesados en que se brinde un servicio eficiente y de calidad.

El proyecto de ley del FIT contempla la necesidad de crear una comisión de trabajadores del subte y profesionales para realizar una auditoría integral y un inventario de bienes para conocer el estado de la infraestructura, condiciones de higiene y seguridad. Al respecto basta recordar las innumerables denuncias efectuadas por los propios trabajadores del subte sobre las pésimas condiciones de seguridad que les brinda la empresa y la secuela de muertes por electrocución, como la del joven operario de 24 años, Matías Kruguer, ocurrida en diciembre de 2016.

El proyecto de ley del FIT establece, además, que se deberán estudiar los balances y la utilización de los subsidios estatales recibidos por Metrovías S.A. durante más de veinte años. De acuerdo a los resultados, se obligará al grupo Roggio a pagar indemnización por los años de saqueo al subterráneo, y que estos fondos, junto a lo recaudado por el cobro de impuestos a las grandes empresas radicadas en la ciudad, sean parte del financiamiento de un plan de extensión de la red para la conclusión, en el término de cinco años, de las obras que vinculen en su trayecto, entre otros, los barrios de Barracas, Constitución, Recoleta y Palermo (línea F), los barrios de Retiro, Caballito, Villa del Parque y Agronomía (Línea G) y los barrios de Parque Chacabuco, Villa Crespo, Palermo, Retiro y Núñez (Línea I). A todo esto debe sumarse el mejoramiento general del servicio, garantizar las condiciones de accesibilidad para personas discapacitadas, la extensión del horario del servicio de subtes y la recuperación de la industria ferroviaria.

Propuesta kirchnerista ¿Estatización real o doble discurso?

Escribe Edgardo Reynoso, Delegado ferroviario y candidato a senador nacional por Buenos Aires.

Consideramos que los ferrocarriles deberían ser parte de un mismo sistema con los subterráneos, y que ha sido históricamente demostrado que constituyen el medio de transporte más económico y de importancia fundamental para el desarrollo urbano e interurbano, el sistema al que hacemos referencia es clave para el desarrollo de una región en cualquier país. Por esa razón, los ferroviarios del Sarmiento presentamos en su oportunidad, ante el Congreso Nacional, un proyecto de reestatización del ferrocarril con control de los trabajadores y usuarios, que fue defendido por los diputados del FIT y que figura entre los fundamentos del nuevo proyecto para reestatizar el Subte.

En el Congreso hubo dos proyectos de reestatización de los ferrocarriles en pugna, el nuestro y el del gobierno kirchnerista que finalmente resultó aprobado, defendido por el ex ministro y hoy candidato Florencio Randazzo. El proyecto del kirchnerismo fue votado a dos manos por los diputados del PRO. ¿Cómo pudo el PRO votar favorablemente por la estatización del ferrocarril? La respuesta la daba el entonces diputado macrista, Federico Sturzenegger: “Le doy mi apoyo porque en realidad, más que un proyecto de estatización, debería denominarse proyecto de apoyo a la iniciativa privada”. Tenía razón. El kirchnerismo presentaba un proyecto de ley con el resonante título de “estatización de los ferrocarriles”, cuando en realidad con él estaba consolidando su privatización.

Soterramiento del Sarmiento Corrupción kirchnerista y macrista

Escribe Mónica Schlotthauer,Delegada ferroviaria y Diputada provincial de Izquierda Socialista en el FIT

La empresa brasileña Odebrecht, vinculada a diversos escándalos por el pago de sobornos, se retira de las obras del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. Según el diario La Nación, la firma constructora vendió su participación del 33 por ciento en la UTE (Unión Transitoria de Empresas), que comparte con Sacde (ex Iecsa), Comsa y Ghella (poseedora del 34.7 por ciento). Esta última es la compradora y ahora dueña de la obra. Ghella venía de un gran crecimiento en Venezuela. Argentina se convirtió en su segundo mercado más importante gracias a su alianza en 2006 con la constructora de Franco Macri (Iecsa, una de las mayores proveedoras de obras públicas en las últimas décadas).

Lorenzo Ghella y Ángelo Calcaterra fueron socios en ODS (Obras, Desarrollos y Servicios), controladora de Iecsa y Creaurban, que Calcaterra compró en 2007 al grupo Socma, propiedad de su tío Macri. Por otra parte, Ghella tiene como antecedente la realización del túnel del arroyo Maldonado, la obra insignia de Macri durante su gestión en la ciudad.

En febrero de este año, el diario brasileño O Estado de San Pablo publicó que en la investigación por los sobornos de Odebrecht se habían identificado nuevos correos electrónicos en los que se acordaba el pago de sobornos por el soterramiento. Un mes después de esta noticia Calcaterra vendió Iecsa a Marcelo Midlin (propietario de Pampa Energía y Edenor, beneficiado por el gobierno de Macri con transferencias de dinero y condonación de deudas).

El escándalo de Odebrecht y el soterramiento continuaba creciendo hasta que, en el mes de junio, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó allanar las oficinas locales de la multinacional brasileña, de la italiana Ghella y de la local Iecsa. Forzado por la situación, el presidente de Italia, Sergio Mattarella, le solicitó a Macri que retirara a Odebrecht del soterramiento para evitar que las causas de corrupción contra la empresa brasileña salpiquen a la italiana Ghella.

Esta faraónica obra, que según el gobierno de Macri costará 3.000 millones de dólares, está al servicio de los grandes empresarios. Es un entramado de negociados y ocultamientos. Como manifestamos los ferroviarios del Sarmiento: “La propuesta del soterramiento carece de algún tipo de fundamento o racionalidad económica, social o medio ambiental para un gasto de semejante magnitud, sobre todo para un Estado que tiene infinidad de carencias socioeconómicas y productivas.” Por ello exigimos la inmediata suspensión de la obra, y con ese dinero llevar adelante la reactivación de los ferrocarriles en todo el país y su efectiva estatización bajo control de los trabajadores.

En ese oscuro y profundo túnel anida una bestia que devora vidas: la corrupción K y macrista.