Maduro intenta sostenerse en el poder con la represión militar pero no logra sofocar las protestas. Siguen los estallidos sociales.

Escribe Simón Rodríguez Porras

No ha mermado la lucha en estas doce semanas. La violenta represión a la protesta pacífica del 19 de abril en Caracas precipitó un proceso de rebelión popular en todo el país, con centenares de manifestaciones espontáneas, saqueos, cortes de calles y choques violentos entre multitudes que exigen la salida de Maduro y los cuerpos policiales, militares y grupos paramilitares del PSUV.

En el marco del represivo Plan Zamora, universidades y zonas residenciales han sido allanadas arbitrariamente, miles de manifestantes heridos y detenidos, decenas de torturados y más de 60 personas asesinadas por los represores, de acuerdo con las cifras oficiales del Ministerio Público. El gobierno ha respondido a las denuncias de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, abriéndole un juicio, congelando sus cuentas y prohibiéndole la salida del país. Una crisis del aparato estatal sin precedentes en todo el período chavista. Para no recurrir al Ministerio Público, el gobierno somete a los tribunales militares a centenares de detenidos, como los 27 estudiantes de la UPEL detenidos en Maracay el 2 de julio.

Ratificando que la represión es su política central ante la crisis, Maduro condecoró el primero de julio al ex comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio Benavides, recientemente designado jefe de gobierno del Distrito Capital y ascendió a general en jefe del Ejército a Gustavo González, director del Sebin, la policía política. Ambos son egresados de la criminal Escuela de las Américas yanqui. Sin embargo, aparecen indicios de desmoralización y crisis también en los cuerpos represivos. Más que nunca hay que llamar a los agentes policiales y militares a desobedecer las órdenes de reprimir.
Pese a carecer de una dirección política, los sectores más castigados por el ajuste vienen saliendo a pelear con fuerza. En Caracas, los barrios populares de El Valle y La Vega vienen luchando con gran contundencia e independencia respecto de la MUD, la coalición opositora integrada por partidos que abarcan desde la centroizquierda hasta la derecha. Incluso cuando la MUD convoca movilizaciones, intentando no ser del todo rebasada por las luchas populares, no controla ni dirige la situación, sino que las masas definen sus propias acciones. En la ciudad de Barquisimeto, en el centro occidente, miles salieron masivamente a protestar durante la última semana de junio, pese a la represión en la que cuatro personas fueron asesinadas y decenas heridas. Contradiciendo la orientación de la MUD de realizar un paro de dos horas, las comunidades populares de Maracay, a 110 kilómetros de Caracas, impusieron un paro regional indefinido y las protestas se convirtieron en saqueos en gran parte del sur de la ciudad. La MUD condenó públicamente las protestas espontáneas, calificándolas de “vandálicas”.

Los dirigentes de este bloque partidista intentan desviar y contener las protestas, además de aprovecharlas para presionar al gobierno por una salida electoral. Se trata de políticos patronales hostiles a los estallidos sociales, por su contenido de rebeldía e irreverencia ante la propiedad de comerciantes y empresarios. Empiezan a surgir organismos comunitarios para organizar la lucha contra el gobierno y la defensa ante la represión. Pese a las derrotas sufridas por el movimiento obrero a manos del chavismo, es urgente que los trabajadores se pongan al día con la lucha y organicen de manera autónoma huelgas sectoriales y regionales con miras a una huelga general. Si esto se lograra, Maduro tendría las horas contadas.

La Constituyente y el referendo de la MUD

El 30 de julio es la fecha fijada para la elección fraudulenta de la Asamblea Constituyente. Sólo concurren los partidos que apoyan al gobierno. Perdiendo por amplio margen el voto popular, Maduro de todos modos lograría la mayoría: los municipios urbanos más poblados tendrían tanta representación como los municipios rurales menos poblados, donde las presiones del aparato clientelar y represivo del PSUV pesan más. A los 364 asambleístas “territoriales” se suman 181 “sectoriales” en representación de empresarios, trabajadores, indígenas y otros sectores definidos por el gobierno. Los padrones electorales de estos sectores los han elaborado organizaciones controladas por el PSUV, como los consejos comunales, la central sindical patronal y los consejos locales de abastecimiento y producción. De llegar a efectuarse la elección, la abstención será mayoritaria. El Partido Socialismo y Libertad (PSL) denuncia el fraude constituyente y llama a la abstención con movilización el 30 de julio.
La MUD, por su parte, anunció esta semana la convocatoria a un referendo el 16 de julio, para rechazar la Constituyente, avalar un “gobierno de unión nacional” y la realización de elecciones generales. Una maniobra para contrarrestar las protestas espontáneas y desviar la atención hacia un operativo político-electoral que distrae de la lucha fundamental que libran los sectores populares en las calles, de paso apuntalando un proyecto reaccionario de gobierno de unidad entre la MUD, empresarios y chavistas disidentes.

Para las transnacionales todo, para los trabajadores nada

Maduro acaba de aumentar el salario mínimo en un 50%, llevándolo a 95 dólares mensuales según la tasa oficial (Dicom) y a 32 dólares al tipo de cambio paralelo. Desde la llegada de Maduro al poder en 2013, la moneda venezolana ha perdido el 99,7% de su valor. El ajuste inflacionario del gobierno, quien ha generado miles de millones de bolívares sin respaldo y ha recortado las importaciones de 70 mil millones de dólares en 2012 a un estimado de 20 mil millones para este año, ha destruido los salarios. Se paga con el hambre del pueblo los servicios de la deuda externa, más de 60 mil millones de dólares en los últimos tres años, y las transnacionales hacen un festín con el entreguismo: Barrick Gold recibió concesiones en el Arco Minero del Orinoco, Chevron usufructúa concesiones por 40 años y Goldman Sachs recibió el mes pasado 2,8 mil millones de dólares en bonos de Pdvsa, pagando apenas 865 millones. En cinco años estos banqueros yanquis multiplicarán por tres lo invertido y Wall Street ha constatado que Maduro está dispuesto a exprimirle al pueblo hasta la última gota de sudor y sangre para pagar la deuda.

Maduro paga por la celebración del 4 de julio en Estados Unidos

Maduro ajusta a la población mientras derrocha dólares en Estados Unidos. Al escandaloso aporte de 500 mil dólares para la toma de posesión de Trump a través de Citgo, filial de la petrolera estatal Pdvsa, se suma ahora el financiamiento para la celebración del 4 de julio en la ciudad de Houston. El evento conmemorativo de la independencia yanqui, llamado Freedom Over Texas, contará con el patrocinio de 625 mil dólares por parte de Citgo. El gobierno venezolano también ha contratado los servicios de la empresa de lobby Avenue Strategies, por cuya intermediación con el gobierno de Trump se pagarán unos 300 mil dólares al año. Una vez más queda al descubierto el falso antiimperialismo chavista.