Escribe Martín Fú

La Justicia amenaza con desalojar la fábrica, a pedido de la multinacional que sigue facturando y hasta importa sus productos desde Chile. Los trabajadores denuncian lockout patronal y mantienen la permanencia en la planta.

Los trabajadores despedidos de PepsiCo continúan firmes en la lucha por sus puestos de trabajo. Recibiendo la solidaridad de amplios sectores de trabajadores, estudiantes y organizaciones políticas y sociales, mantienen una dura lucha que ya va por su tercera semana. Luego de la marcha en avenida 9 de Julio, el corte en Panamericana y el bloqueo en PepsiCo Mar del Plata, la patronal, con complicidad del gobierno y la Justicia, amenaza a través de un fiscal con desalojar la planta Florida mediante la fuerza pública. Para la Justicia serían los trabajadores quienes están cometiendo un delito, cuando en realidad están defendiendo su fuente de trabajo frente a una patronal que ilegítimamente argumenta una crisis inexistente y amenaza vaciar la planta. En PepsiCo no existe crisis, así lo han manifestado sus mismos operarios que hasta el 19 de junio trabajaron normalmente. La multinacional continúa con su plan original: despedir a los empleados, descabezar la comisión interna combativa y reemplazar a los despedidos con trabajadores precarizados y darle rienda suelta a la burocracia de Daer que siempre fue resistida en la planta. Bajar costos precarizando y cortar de cuajo la organización sindical es lo que la empresa esconde detrás de una “crisis” inexistente.

El lunes y martes una numerosa delegación de trabajadores, con el acompañamiento de personalidades políticas, sindicales, entre ellos el dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero, y de organismos de derechos humanos, exigieron en los tribunales de San Isidro que se deje sin efecto la orden de desalojo pedida por el fiscal Gastón Larramendi. Esta solicitud llega el mismo día que vencía el plazo de la conciliación dictada por el Ministerio de Trabajo, el mismo que aceptó el procedimiento preventivo de crisis, a pesar de no cumplir con ninguno de los requisitos legales, mostrando que el gobierno actúa para la patronal.
“Nosotros decimos que no estamos para una situación de desalojo, porque se trata de una ocupación pacífica, cuidamos las maquinarias para que no haya un vaciamiento. Queremos nuestros puestos de trabajo. No abandonaremos la lucha por amenazas represivas ya que reclamamos nuestros puestos de trabajo destruidos ilegalmente”, es lo que afirman los trabajadores mientras la jueza promete que actuará “cumpliendo la ley”.

Desde Izquierda Socialista repudiamos cualquier intento de desalojo y llamamos a seguir rodeando de solidaridad a los compañeros y a coordinar con otros sectores en lucha una gran movilización, denunciando el avance de la patronal contra las fuentes de trabajo, con el acuerdo del gobierno y la traición de la CGT, que deja pasar los despidos.