Escribe Gabriel Massa

No importa de qué se trate. Los 26.000 millones de pesos “gastados” por el Estado para hacer funcionar la mina de Río Turbio -que produce la sexta parte de lo que debería- y construir una usina que nunca llegó a funcionar, con enormes sobreprecios pagados a contratistas y proveedoras de equipos. Las sumas increíbles para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento a cargo de Odebrecht y con la participación de una de las empresas de la familia Macri, IECSA. Los subsidios a los Cirigliano en el mismo ferrocarril, donde se produjo la masacre de Once, con 52 muertos y 800 heridos. El subsidio a centenares de líneas de colectivos en todo el país por el que el Estado se hace cargo del gasoil y los sueldos de los trabajadores.

Todos estos casos de corrupción tienen dos cosas fundamentales en común. Con estas maniobras a costa de los subsidios del Estado grupos empresarios fueron y son los máximos beneficiados con el negocio. Y en la mayoría de los casos esos subsidios que se iniciaron bajo el gobierno kirchnerista se mantienen bajo el gobierno de Macri.

El mejor ejemplo es precisamente el caso que ahora está en todos los medios: el subsidio a las líneas de colectivos. La investigación del juez Bonadio se centra en denunciar que bajo el gobierno kirchnerista, con De Vido como ministro de Planificación, 251 empresas de colectivos entre los años 2003 y 2014 cobraron 609 millones de pesos de más, mintiendo sobre los kilómetros recorridos y la cantidad de pasajeros transportados. Incluso se otorgaron cupos de gasoil a precio diferencial a la empresa Transporte Interprovincial Rosarina sin que prestara servicios.

Pero la investigación de Bonadio se detiene en 2014. ¿Qué pasa ahora con el ministro de Transporte, Dietrich? Las líneas de colectivos siguen recibiendo subsidios millonarios.

Con el sistema de subsidios –se trate del transporte o de los miles de millones que dio el kirchnerismo y da el actual gobierno a infinidad de empresas industriales, de electricidad, etcétera, haciéndose cargo de los salarios (Repro)– el Estado es el que mantiene esas empresas y los empresarios se llevan las ganancias. Esa es la mayor estafa al pueblo argentino. Porque esos subsidios los pagamos los trabajadores con el IVA, Ganancias y los demás impuestos que nos cobra el Estado.

¿Qué sentido tiene que las empresas sigan siendo privadas si las tiene que mantener el Estado con decenas de miles de millones de pesos en subsidios que salen de nuestro bolsillo? Ninguno.

Por eso decimos que para terminar con la razón de fondo de esta gigantesca estafa al pueblo, junto con meter presos a todos los corruptos y obligarlos a devolver lo que se robaron, el Estado debe hacerse cargo de todas las empresas que se sostienen con subsidios. Y que la contabilidad y la producción de las empresas sean controladas por los trabajadores para impedir cualquier maniobra o robo. Es la solución que vienen proponiendo, por ejemplo, los ferroviarios del Sarmiento para terminar con la terrible crisis del ferrocarril.