Escribe Mónica Schlotthauer Diputada de la provincia de Buenos Aires

El femicidio de la pequeña Selene ha podido condensar con total claridad las diferentes violencias que viven las mujeres en nuestro país y particularmente en zonas como Oberá, provincia de Misiones, cuna de las redes de trata para la explotación sexual, el robo y tráfico de niños y niñas, la esclavitud de infantes en el trabajo doméstico y en la cosecha de la yerba.

La niña, de 2 años y medio, fue asesinada por Rolando Lovera, pareja de la madre, Victoria Aguirre, quien también sufría múltiples violencias de género por parte de éste. Sin embargo en el juicio, ella es la principal imputada por homicidio calificado por el vínculo, que la puede condenar a 25 años de prisión, mientras que a él solo le caería un máximo de 8 años por homicidio simple. Y la fiscal solo se ha dedicado a responsabilizar a Victoria en tanto madre joven, trabajadora y morocha, demostrando con total crudeza el carácter clasista, racista y patriarcal del sistema judicial. Pero es tal el escándalo del juicio, que se ha logrado realizar un pedido de recusación para los tres jueces y hasta para la propia fiscal.

Por eso, hoy más que nunca necesitamos que el movimiento de mujeres, junto con otros sectores de derechos humanos, se pongan de pie para acompañar el pedido de justicia por Selene y la libertad de Victoria. Mientras el caso quede dentro de los límites de la provincia, solo reinarán el silencio y la condena para Victoria, tal como le ha sucedido a cientos de mujeres con anterioridad. Por eso, junto con la mesa provincial de apoyo a Victoria, venimos impulsando la nacionalización del caso.

La semana pasada, decenas de organizaciones nos reunimos en una audiencia pública en el Congreso de la Nación, convocada por Juan Carlos Giordano, diputado nacional por Izquierda Socialista-FIT, junto con la agrupación Isadora-Mujeres en Lucha, y en la que participaron Claudia Aguirre y Tanía Piris Da Motta, miembro de la Mesa Provincial de Apoyo a Victoria y hermana de la víctima. Todas las organizaciones se comprometieron a seguir difundiendo el caso en los medios de comunicación, a implementar un petitorio que reclama la libertad inmediata de la joven y la destitución del tribunal, y a realizar una primera jornada de radio abierta el 24 de julio en el camino a una gran movilización en todo el país. Como lo hicimos con Belén, presa injustamente en Tucumán por abortar, y por Huigui, encerrada por defenderse de un intento de violación, a Victoria la sacamos entre todas. Otra vez decimos, ni una menos víctima de la justicia patriarcal, vivas y libres nos queremos.