Escribe Gastón Cruyff

Las noticias publicadas en las últimas semanas pintan por entero el panorama que ofrecen a la juventud las políticas de ajuste de Macri y los gobernadores, y que son continuidad de décadas de destrucción de la economía y la sociedad argentina. Cambiemos, en vez de atender las demandas, culpa a la juventud y la criminaliza.

Por un lado, el Estudio del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA publicó un nuevo informe donde da cuenta de que hoy en día en nuestro país seis de cada diez chicos menores de 18 años son pobres, y no cubren las necesidades básicas de alimentación, educación, vestimenta, vivienda y asistencia médica.

¿Qué salida tienen esos pibes? Con la política de los partidos patronales, ninguna. El gobierno, lejos de dar una respuesta, profundiza su accionar represivo. Detiene pibes por “portación de rostro” al mejor estilo Videla. Los casos de gatillo fácil son una práctica que se mantiene desde el fin de la dictadura y de la cual todos los partidos que han gobernado son responsables y cómplices. La mayor visibilidad del tema hizo que nuevos datos de casos desconocidos fueran apareciendo, así se llegó a la cifra de cinco mil jóvenes que fueron asesinados en los últimos veinte años. Los últimos años los números se han agudizado (su pico fue en 2009, según un estudio de la Correpi): hoy un pibe es asesinado cada 25 horas por el solo hecho de ser pobre.

Son más de siete millones los jóvenes que tienen completamente hipotecado su futuro. El Estado, en complicidad con las bandas de delito organizadas, utiliza esta juventud, totalmente desprotegida y sin ninguna perspectiva de vida, como mano de obra muy barata para realizar sus negociados. Cuando un pibe se niega a robar para ellos, como fue el caso de Luciano Arruga, lo asesinan sin más.

El desfinanciamiento del sistema educativo es un factor importante que arroja cada vez más pibes a la marginalidad. Pero el gobierno se deslinda de las culpas y pone el ojo en los pibes, sobre todo en los más pobres y con menos recursos, a quienes la policía detiene porque se les da la gana, y a quienes la mayoría de las veces termina torturando, desapareciendo y asesinando.

Es en este contexto que debe inscribirse la propuesta del Ministro de Justicia y Derechos Humanos de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Los políticos patronales saben que esa no es ninguna solución. En países donde se ha bajado la edad, los problemas continuaron porque la responsabilidad es del gobierno y las cúpulas policiales, no de los pibes.

Como remarcamos siempre desde Izquierda Socialista: “La verdadera solución pasa por derrotar las políticas de ajuste que aumentan la miseria; por exigir pleno empleo y salarios dignos; por combatir la corrupción policial y judicial que se asocia a las mafias criminales; por promover la autoorganización y autodefensa popular para expulsar la delincuencia de los barrios”.