El Frente de Izquierda lleva en sus listas a muchos candidatos jóvenes que están participando en las principales luchas contra el ajuste.

Escribe Nicolás Núñez - Candidato a legislador de Ciudad de Buenos Aires Izquierda Socialista en el FIT

Trabajo genuino y no flexibilizado

Del total de trabajadores del país, más del 40 por ciento trabaja en negro. La mayor parte de ese porcentaje está compuesto por jóvenes. Somos el sector más precarizado. Con el rótulo de “empleo joven” o “primer trabajo”, el gobierno busca naturalizar la flexibilización laboral. Con el argumento de que el primer trabajo de muchos jóvenes es de medio tiempo, se justifica que paguen muy mal y en negro, con el falso argumento de que “sirve de experiencia”. Cuando la realidad es que los jóvenes, a través de pasantías o cualquier forma de precarización, realizan las mismas tareas que los demás trabajadores.

La nueva idea de Cambiemos es que el quinto año de la secundaria pase a realizarse en empresas o lugares de trabajo, para que el joven “vaya conociendo” el campo laboral. El gobierno es el principal responsable del trabajo precario para la juventud, aunque se trata de algo que comenzó el kirchnerismo a pesar de su discurso “nacional y popular”. El objetivo es bajar el costo laboral y que así las empresas obtengan más ganancias. Financiado con el no pago de la deuda externa, proponemos la realización de un gran plan de obras públicas, donde todos los jóvenes puedan acceder a trabajo genuino y no flexibilizado, al mismo tiempo que planteamos la eliminación de toda la legislación laboral que permite el trabajo basura.

Plata para becas y boleto estudiantil, no para la deuda

Por cada peso que el gobierno destina para educación, dedica 1,55 para la deuda externa. Esas son las prioridades del macrismo, el kirchnerismo, Massa y la centro izquierda: todas las fuerzas que votaron a favor del Presupuesto el año pasado. Nadie puede realmente decir que enfrenta el ajuste si vota con Macri un presupuesto para educación que es de miseria.

El boleto educativo gratuito nacional, una demanda histórica del movimiento estudiantil (lo reclamaban los secundarios asesinados de “La noche de los lápices”), nunca fue tratado por ningún gobierno. El costo de los pasajes es cada vez más caro y se transforma objetivamente en un elemento de deserción estudiantil. Muchos estudiantes necesitan realizar dos viajes de ida y de vuelta, algo que se termina volviendo prohibitivo. El gobierno desatiende estos reclamos, pero subsidia a las empresas privadas y jamás les pide que renueven sus transportes y ofrezcan un servicio de calidad.

Las becas estudiantiles que da el gobierno son insuficientes y es falso que alguien que no estudia pueda hacerlo si la percibe. Además, por citar un ejemplo, el plan Progresar (900 pesos por mes) no se actualiza hace más de dos años, por lo que perdió en términos reales más del 40 por ciento de su valor debido a la alta inflación.

No a la baja de la edad de imputabilidad

Todos los gobiernos intentan promover la baja de la edad de imputabilidad. Buscan poner el foco de la inseguridad en la juventud y sobre todo en los adolescentes pobres. El informe de Lanata sobre el Polaquito fue en ese sentido. Muestran a un pibe de 11 años que supuestamente robó, mató, negoció y consumió. Se agarran de esos supuestos para “mostrar” que los niños no son tan niños y que también se les debe “aplicar la ley”, que no por ser menores se los debe perdonar. Nunca un gobierno se responsabilizó por ninguna de las calamidades que afectan a los pibes pobres. Lo que hay es ausencia de educación, salud, vivienda y de contención. El Estado está totalmente ausente y solo reprime a los jóvenes en vez de ayudarlos.

Desde Izquierda Socialista siempre hemos denunciado la complicidad que existe entre la policía, los jueces y los gobernantes, que utilizan a los chicos y jóvenes pobres como mano de obra barata para que cometan sus crímenes y después, cínicamente, hablan de reprimir y encerrarlos.

Legalización  de las drogas

El año pasado se anunció con bombos y platillos la aprobación de la ley de “cannabis medicinal”, que se circunscribió a la investigación del uso para tratamientos específicos, pero que sostuvo la ilegalidad de la plantación y el consumo. Esto en un país donde se producen alrededor de 15.000 detenciones al año relacionadas con la marihuana, de las cuales el 85% refiere a consumo personal o cultivadores. Con lo cual sigue siendo un reclamo pendiente, e importantísimo en provincias como Córdoba, donde se han hecho habituales los arrestos por parte de la policía.

Por otro lado, creemos además que es importantísimo avanzar con la legalización para terminar con el flagelo del narcotráfico. Hoy sigue primando el criterio de mantener legales algunas drogas (tabaco, alcohol, psicofármacos) comercializadas por poderosos oligopolios y multinacionales, y circunscribir otras al plano de la ilegalidad. Desde Izquierda Socialista seguimos insistiendo en que la legalización acompañada por la regulación y producción por parte del Estado con el control de las organizaciones de consumidores es el camino para acabar con venenos de alcance masivo como el paco, para garantizar el acceso económico a los productos medicinales, para el control de la calidad de lo que se produce y la cantidad de lo que se consume, para la generación de campañas nacionales y masivas contra el uso problemático de las drogas y para desarticular al narcotráfico quitándole el nicho de donde provienen sus ganancias.