Escribe Laura Marrone • Legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda y candidata a diputada nacional

El 16 de agosto comienza la audiencia pública convocada por la Corte Suprema donde se debatirá el recurso de amparo presentado por un grupo de familias de la provincia de Salta para que se declare la inconstitucionalidad de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas de esa provincia. En 2008 una reforma constitucional de esa provincia legitimó la enseñanza de la religión católica en las escuelas públicas. A su vez, la Ley Nacional de Educación sancionada en 2006 dejó abierta esa posibilidad al establecer el carácter integral de la educación, lo que incluiría la dimensión religiosa. Esta definición fue una concesión del entonces gobierno kirchnerista a la Iglesia Católica. En la actualidad se enseña catolicismo en las escuelas públicas de Tucumán y Catamarca, además de Salta.

Las familias sostienen como argumento central que la imposición es discriminatoria puesto que muchos niños tienen otras religiones o ninguna y sufren estigmatización o son segregados durante las horas de enseñanza de catolicismo. 

Alertamos, sin embargo, que PRO está buscando legitimar la medida a nivel nacional con el argumento de que se deberían enseñar todas las religiones. El ex ministro Bullrich lo deslizó en Corrientes en abril de este año. En algunas escuelas de la Ciudad el acto de renovación de la bandera se realiza no solo con curas católicos sino que se invitan a pastores evangélicos que arengan con sus clásicos cánticos a los niños. 

En junio, con la firma de Marcos Peña, Malcorra y Garavano, el Poder Ejecutivo nacional presentó un proyecto de ley para garantizar la “libertad religiosa”. Centralmente plantea que la legislación vigente favorece a la Iglesia Católica y discrimina al resto. Propone garantizar la libertad religiosa permitiendo idénticos derechos a todas las religiones y cultos. Entre otros muchos, figura el derecho a tener escuelas propias y, en consecuencia, a reclamar subsidios del Estado para tal fin, al igual que la Iglesia Católica, e incluso a ser incluidos en la enseñanza de religión en escuelas públicas. 

Rechazamos la enseñanza de cualquier religión en las escuelas públicas porque se trata de creencias no comprobables y no contrastables. Por tanto su imposición es un acto de abuso de poder por parte de la institución escolar. La religión corresponde al ámbito de lo privado. Respetamos el derecho a la libertad de pensamiento de cualquier persona o grupo, aun cuando esta sea religiosa. Pero afirmamos que no puede imponerse en un ámbito educativo.