Por Claudio Funes

El decreto 652/2017 recientemente promulgado por Macri es un gran negocio para las patronales inmobiliarias y es, además, parte de un plan que profundiza el desguace del ferrocarril. Con este decreto, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, tiene la facultad de clausurar ramales ferroviarios y levantar vías e infraestructura en todo el ámbito nacional. Por eso se cierran talleres y se levantan servicios como Ferrobaires, por citar alguno. Cien pueblos quedaron sin trenes desde que asumió Macri, afectando a más de 600.000 personas.

En un intento por mostrar lo contrario, y que “ahora cumplen con las obras”, a principios de julio de este año reinauguraron los trenes a Mar del Plata. ¡Tardó siete horas en arribar a destino! Por el estado de las vías, el tren marchaba en algunos tramos a solo 12 kilómetros por hora. Mientras tanto, en el ferrocarril Sarmiento, luego de la masacre de Once, en vez de instalar prioritariamente el sistema de frenado automático en los trenes, que evitaría posibles accidentes, se continúa con bombos y platillos la faraónica obra del soterramiento (de la que participó la corrupta Odebrecht) que sólo está al servicio de las ganancias de las grandes empresas constructoras amigas y de familiares de Macri y no del pueblo trabajador. Es un gobierno al que solo le interesa el ferrocarril como negocio para los grandes empresarios. Por eso ahora harán una inversión de 530 millones de dólares para construir un ferrocarril que unirá el puerto de Bahía Blanca con Vaca Muerta con el exclusivo fin de facilitarles el saqueo a las multinacionales petroleras como Chevron.

Es necesario enfrentar el decreto 652/2017 y el plan antiferroviario del gobierno con la más amplia unidad de todos aquellos que defendemos el ferrocarril. No podemos permitir su desaparición. Sostenemos que hay que desarrollar el ferrocarril y para ello es necesaria su reestatización bajo la administración de sus trabajadores. Es solo con un sistema único estatal, nacionalmente integrado, con impuestos al traslado de las cargas a las grandes mineras y cerealeras y tarifas diferenciadas, lo que garantizará la recaudación necesaria para invertir en los ramales de menor tránsito y así brindar un servicio nacional al que se pueda acceder desde todos los rincones del país. Una fuerte empresa ferroviaria estatal sería una formidable herramienta al servicio de resolver las necesidades del pueblo trabajador. El cuerpo de delegados del ferrocarril Sarmiento, la comisión directiva de la Seccional Oeste junto a la Bordó Nacional vienen denunciando desde hace años este plan de destrucción del ferrocarril y luchan por estos reclamos.

Audiencia pública contra el decreto antiferroviario

Convocada por el diputado Juan Carlos Giordano, de Izquierda Socialista en el FIT, el próximo viernes 25 a las 15 horas, en el Anexo A, Sala 1, del Congreso (Rivadavia 1849) se realizará una audiencia abierta en la que se presentará un proyecto de ley contra el decreto 652/2017 que ataca a la industria ferroviaria. Asistirán, entre otros, representantes del cuerpo de delegados del ferrocarril Sarmiento, la comisión directiva de la Seccional Oeste y representantes de la Bordó Nacional.