Escribe José Castillo • Candidato a diputado nacional de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda por la Ciudad de Buenos Aires

Con los resultados de las PASO, las cámaras empresarias, los organismos internacionales y el propio gobierno quieren avanzar con una reforma laboral “a la brasileña”, liquidando las conquistas de los trabajadores e imponiendo la superexplotación.

Ya desde el año pasado se escucha a Macri decir que hay que “bajar los costos laborales”. Es un discurso repetido en cada foro empresario y forma parte de las “recomendaciones” de los organismos internacionales (FMI, Banco Mundial y recientemente de la OCDE). Hasta estuvo presente en las “coincidencias” del presidente Macri con el vicepresidente yanqui Mike Pence en su reciente visita.

El planteo es simple: se trata de reventar los convenios colectivos de trabajo para permitir a las patronales tomar y despedir trabajadores como quieran, bajo cualquier condición, reduciendo al mínimo (y si es posible eliminando) toda limitación por trabajo insalubre, normas de seguridad e higiene, etcétera. Se trata de que se decidan sueldos y condiciones de trabajo por empresa, sin intervención del sindicato; de liquidar todo tipo de compensación por antigüedad en el trabajo; de habilitar toda forma de tercerización y contratos basura. Se trata, finalmente, de flexibilizar al máximo las condiciones y horas de trabajo, reduciendo y hasta haciendo desaparecer los tiempos de descanso y almuerzo. Así, se habla de implementar el “banco de horas de trabajo”: los trabajadores trabajarían “tiempo neto” (como en el básquet), cada vez que el trabajo se detiene, por ejemplo para reparar una máquina, por problemas organizativos de la propia patronal, para que el trabajador coma, o por cualquier otro motivo, el reloj se para y el obrero no suma minutos de trabajo y cobrarían exclusivamente las horas trabajadas “según el reloj”.

La flexibilización ya comenzó con la firma del convenio para Vaca Muerta. Con el aval del burócrata sindical oficialista Guillermo Pereyra, el gobierno logró hace unos meses un convenio esclavista para los trabajadores petroleros en los yacimientos no convencionales. En concreto, los obreros dejaron de cobrar por el tiempo de traslado entre la empresa y el yacimiento (al quedar en medio del desierto, a veces son varias horas de traslado ida y vuelta), se estableció que la cuadrilla para las tareas en cada pozo tuviera menos trabajadores, aumentando la intensidad del trabajo, y se eliminaron ciertos recaudos de seguridad, como la prohibición de trabajar “con viento”, que pone en riesgo la vida del operario.

También se avanzó con acuerdos flexibilizadores para ciertas actividades de los trabajadores rurales de UATRE, firmados por el burócrata oficialista recientemente fallecido Gerónimo “Momo” Venegas. Es que el plan del gobierno y las patronales, sabiendo que difícilmente pueda pasar (por ahora) una ley integral de reforma laboral, es avanzar sector por sector, con la complicidad de la burocracia, utilizando como excusa que dicha ley ya se aprobó en Brasil y que entonces hay que flexibilizar para que los empresarios “puedan competir”.

Ahora la clave está en el SMATA. El burócrata Ricardo Pignanelli, que aspira a transformarse en el jefe sindical “oficialista” preferido de Macri, sucediendo al Momo Venegas, hace meses que viene negociando con el Ministerio de Trabajo y las transnacionales automotrices que operan en nuestro país un nuevo convenio flexibilizador bajo el paraguas del plan “un millón de autos”, con las características que explicamos en los párrafos precedentes. Para eso incluso acompañó al presidente Macri en su viaje a España para copiar el modelo de superexplotación en el sector que ya se aplica en ese país.

Es un secreto a voces que la idea es usar a la rama automotriz como caso testigo para luego avanzar sobre otras y, finalmente, ir a una nueva ley global de flexibilización laboral. Es uno de los grandes desafíos que deberemos afrontar en el futuro inmediato: defender las conquistas laborales ganadas con años de lucha contra este ataque conjunto del gobierno, las patronales y las burocracias sindicales traidoras. Es una lucha que encontrará a la cabeza al sindicalismo combativo y contará con el apoyo incondicional del Frente de Izquierda, mientras seguimos exigiendo un salario mínimo igual a la canasta familiar (hoy en 25.000 pesos), el fin de la tercerización laboral y el trabajo en negro, la prohibición de las suspensiones y despidos, reestatizando toda empresa que viole esta disposición, y la reducción de la jornada de trabajo.