Escribe Laura Marrone
Legisladora porteña y candidata a diputada nacional de CABA por Izquierda Socialista Frente de Izquierda

Se modificó la ley que regula el funcionamiento del Colegio de Corredores Inmobiliarios, difundida como “ley de alquileres”. El proyecto impulsado por PRO y aprobado mayoritariamente, tomó solo una de las demandas de las asociaciones de inquilinos: que la comisión en el contrato de alquiler la pague el dueño y no el inquilino, y que se cumpla con el tope del 4,15% para la comisión. Esto último estaba en la ley actual 2.340 y no se respetaba, pues el órgano contralor era el Colegio de Corredores Inmobiliarios. Desde el bloque del FIT presenté una propuesta recogiendo las otras demandas, como la gratuidad de las firmas en la rúbrica del contrato, que los trabajadores públicos tengan el respaldo del Gobierno de la Ciudad como garantía y que se conforme una mesa de trabajo para un seguro de garantía para los trabajadores privados e informales en vez de la exigencia de una propiedad en CABA.

Que el inquilino deje de pagar la comisión puede ser un pequeño avance pero no ataca el problema de fondo. En CABA las torres de lujo crecen como hongos, encareciendo aún más los terrenos. La especulación inmobiliaria y la concentración de la propiedad es cada día mayor. En el año 2001 el 70% de la población era propietaria y el 22% alquilaba, y según datos de 2015 de la Encuesta de Hogares, se redujo al 50% la población propietaria de su hogar y los que alquilan pasaron a constituir el 35,2%. Cada vez más personas alquilan, mientras miles de trabajadores son expulsados de la Ciudad por el encarecimiento de los alquileres y la imposibilidad de acceder a una vivienda propia.
El censo 2010 indicó que en la Ciudad hay 341.000 inmuebles ociosos. Si estas propiedades, donde no vive nadie, se pusieran en alquiler, aumentaría la oferta y bajarían los precios de los alquileres. Propuse aplicar un impuesto a estas propiedades ociosas, lo que atacaría la especulación inmobiliaria y combatiría el crecimiento desmedido de los precios de los alquileres. Planteamos que la condición de inquilino debe ser transitoria. La vivienda, junto con la alimentación, la salud y la educación son derechos básicos de toda familia trabajadora. Nos abstuvimos en la votación de esta nueva ley de PRO porque consideramos que deben ser consideradas todas las demandas de los inquilinos y que debe haber un plan de construcción de viviendas populares, financiado con fuertes impuestos a las grandes empresas radicadas en la Ciudad, el no pago de la deuda externa y el impuesto a la vivienda ociosa.