Escribe Nicolás Núñez Comisión Directiva FUA y candidato a legislador en CABA Izquierda Socialista en el FIT

De golpe y porrazo, sin discusión ni debate, se aplicó un nuevo sistema de créditos que equipara universidades públicas y privadas. El nuevo Sistema de Reconocimiento Académico empezó a regir para todas las carreras de Ingeniería de casi cincuenta universidades, públicas y privadas. Sus objetivos serían 

“paliar la deserción y aumentar las tasas de retención y terminalidad”.  “Hay que terminar con las trabas burocráticas” y fomentar la “creatividad y la innovación” de los estudiantes, había dicho el año pasado Macri cuando lo anunció. Todas mentiras.
El gobierno se basa en problemas sentidos por los estudiantes universitarios, que cada vez más se ven obligados a abandonar sus estudios, una realidad que se refleja en la tasa de graduación decreciente de las universidades públicas. El problema, sin embargo, no es la falta de “movilidad” entre universidades, sino la precarización y el ajuste que golpean cada vez más fuerte a la juventud, lo que deriva en que muchos jóvenes tengan que dejar sus estudios porque no dan abasto.
El nuevo plan propone igualar universidades privadas y públicas vía el sistema de créditos, esa sería la medida cuantificable, medible, por la cual podrían equipararse los trayectos que los estudiantes realizaron en tal o cual universidad. Así se podrían realizar algunos años en una carrera pública, y después pasarse a una privada, o viceversa, sin que haya ningún problema. Los créditos (cada materia va a valer X cantidad de puntos) servirían para saber qué porcentaje de la carrera se realizó y cuántos puntos le quedan a esa persona para terminar, sea en una universidad privada o pública.
La trampa está en que esta política de créditos, inspirada en el Proceso de Bolonia –una política del Banco Mundial–, que se desarrolló en Europa a fines de los 90, promueve la degradación de las carreras de grado, la homogeneización de contenido pero bajando la calidad académica y poniendo los planes de estudio avalados por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) al servicio de las grandes empresas que solo buscan lucrar y crear conocimiento para obtener más rentabilidad, no para el pueblo trabajador.
Ya en el borrador del Plan Maestr@, el gobierno habla de los “trayectos” entre casas de estudio y pone ahí el eje de los problemas, pero no da ningún número o dato que respalde su teoría: no lo hay.
En varios países del mundo este sistema de créditos rige desde hace rato. Donde existe, las carreras son cortas, rápidas. Lo que se busca es la degradación de la formación de grado para que en los posgrados (siempre pagos, obviamente) se reponga ese faltante. De esa manera, el Estado se ahorra plata: menos materias, menos docentes y menos aulas que mantener. Además, las empresas financian a las universidades a cambio de poder modificar sus planes de estudio. Mientras tanto, el gobierno destina un 55% más de plata para pagar deuda externa que lo que destina para educación. Nada bueno puede esperarse de esta reforma.
En la misma línea que el actual sistema de créditos, el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, habló de las becas. Dijo que desde ahora será el gobierno nacional quien evaluará si la apertura de nuevas carreras “está dentro de la lógica de lo que el Estado necesita financiar” y precisó que “no se financiarán más nuevas carreras que no tengan que ver con áreas de vacancia y que no sean estratégicas para el desarrollo del país”. Resumiendo, recortarán brutalmente las becas con el argumento de que hay carreras estratégicas y otras que no. Todas las salidas que propone el gobierno son de ajuste.
Hay que defender la universidad pública de las reformas del gobierno. Es urgente anular la Ley de Educación Superior (LES) que sostuvo el kirchnerismo, aumentar el presupuesto universitario, dejar de financiar la educación privada y establecer un sistema nacional de becas que garantice la permanencia en el estudio.