Es un hecho que el gobierno de Macri ha transformado las denuncias sobre la corrupción durante el kirchnerismo en una bandera de su campaña electoral. Que con eso busca esconder su propia corrupción, empezando con la de la propia familia Macri (Panama Papers) y siguiendo por la de sus funcionarios, todos vergonzosamente mezclados entre sus propios negocios privados y los contratos del Estado.

Pero nada de esto puede disculpar ni esconder la realidad: la brutal corrupción que recorrió los doce años del kirchnerismo. Con sus “empresarios amigos” (algunos incluso sospechados de testaferros) como Lázaro Báez o Cristóbal López. Con funcionarios escandalosamente corruptos, como De Vido, Jaime, José López o el vicepresidente de Cristina Amado Boudou, por citar sólo a los más notorios.
La corrupción kirchnerista permitió el saqueo de los recursos naturales, como en la megaminería a cielo abierto, o el vaciamiento casi hasta el agotamiento de nuestras reservas de gas y petróleo. Hizo que las empresas de servicios públicos privatizadas ganaran millonadas a través del cobro de subsidios, mientras eran “perdonadas” por no cumplir con ninguno de los planes de inversión. Puso los recursos del Estado al servicio de pagarle coimas a empresas nacionales y transnacionales.
Pero la corrupción, además, también mata. Como lo comprobamos trágicamente con la masacre de Once. Cuando los ferroviarios del Sarmiento, con el Pollo Sobrero a la cabeza, denunciaban los negociados de Cirigliano y la connivencia de los funcionarios, eran atacados, judicializados y acusados de “quemar trenes” por el entonces ministro Aníbal Fernández. Pero fueron justamente esos fondos desviados hacia los bolsillos de empresarios los que hicieron que se terminaran produciendo 52 muertos.
La corrupción kirchnerista fue, efectivamente, algo estructural en sus doce años de gobierno. Teniendo a sus contrapartes: grandes empresarios locales y extranjeros que pagaban las coimas para garantizarse así sus superganancias, estafando ellos mismos al propio Estado con obras truchas, inútiles o nunca terminadas. Como ejemplo tenemos al faraónico proyecto del soterramiento del Sarmiento, donde están implicados Odebrecht y Calcaterra, el empresario primo de Macri.
Kirchneristas y macristas, unidos de uno y otro lado del mostrador en el pantano de la corrupción, esa es la realidad. Por eso reivindicamos el proyecto de ley presentado por Juan Carlos Giordano, diputado de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda: que se invierta la carga de la prueba y sean los funcionarios acusados de corrupción los que tengan que demostrar su inocencia y que todos los corruptos (sean funcionarios o empresarios) devuelvan lo que se robaron, estatizando sus empresas y propiedades y poniéndolas a funcionar bajo control de los trabajadores y al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares.

Guido Poletti