Escribe Benjamín Gandolfo, dirigente de Judiciales en Marcha

En el marco del ataque más general a todo el empleo público, al referirse al Poder Judicial, en su discurso del 30 de octubre, Macri dijo: “se contrataron 1.100 personas entre 2012 y 2016. Hay casos como empleados de ordenanzas que sirven café y tienen sueldos arriba de los 100.000 pesos por mes. Y además, hay un régimen de licencias muy generoso, de incluso dos meses con goce de sueldo. No puede ser que el servicio de justicia vaya hasta las 15 y se tomen 45 días sin trabajar”. Pretende así avanzar en la aplicación del ajuste liquidando las conquistas de los trabajadores de los distintos poderes judiciales del país, como vacaciones, licencias, y aumentar el horario de trabajo. También deja entrever despidos.

Para los trabajadores, los supuestos “privilegios” no existen. Trabajamos largas jornadas sin pago de horas extras en condiciones precarias, con oficinas desbordadas, sin nombramientos, con infraestructura destruida, medios obsoletos y sueldos que en muchos casos no superan los 15.000 pesos mensuales. No es cierto que durante la “feria judicial” se cierre la justicia: los juzgados y fiscalías funcionan todos los días del año. Si algún compañero se enferma es porque trabajamos “en la trinchera” expuestos a las situaciones más extremas de la sociedad. No tenemos nada que ver con las jubilaciones de privilegio de 350.000 pesos que cobran los jueces de la Corte, que a Macri no le molestan. Las mentiras de Macri no hacen más que generar un mayor bronca para salir a enfrentar el ajuste en el Poder judicial, como ya lo venimos haciendo en la lucha salarial.