Escribe Gabriel Massa

Todos los funcionarios y empresarios corruptos deben ir a la cárcel y devolver lo que se robaron. Los jueces ahora se reacomodan y hacen “buena letra” con Macri metiendo presos a algunos corruptos K cuando lo tendrían que haber hecho antes. Pero no van contra los negociados del macrismo ni contra los empresarios. Sin depositar ninguna confianza en esta justicia, luchamos para que vayan presos todos los corruptos, sean kirchneristas o macristas por igual, junto a los empresarios capitalistas que le han robado al pueblo millones de dólares

Boudou, al igual que De Vido, Jaime y los otros funcionarios y empresarios K presos -así como muchos que siguen en libertad- se valieron durante años de su poder e influencia para enriquecerse robando al Estado y al pueblo argentino. Es totalmente justo que se los castigue con la cárcel. Ellos deben ser obligados a rendir cuentas del origen de sus enormes fortunas acumuladas en los años en el poder o, en el caso de Lázaro Báez, como empresario beneficiado por los Kirchner. El kirchnerismo a través de Unidad Ciudadana ha emitido una declaración denunciando que el encarcelamiento de ex funcionarios de su gobierno constituye una “persecución política”. ¿Es así? Que la Justicia es tan corrupta como los funcionarios y que los jueces responden a las presiones del gobierno de turno es evidente. Está claro que el juez Lijo que metió preso a Boudou tuvo “cajoneada” la causa durante todo el gobierno kirchnerista y se apuró ahora a reactivarla por presiones del macrismo. Pero no menos cierto es que los funcionarios que hoy están con prisión preventiva se han enriquecido en base al saqueo del propio Estado y las coimas de los grandes empresarios que hicieron negocios con las licitaciones públicas.

En el caso de Boudou, más allá de algunos negocios menores como la compra de un departamento con fondos de origen dudoso, utilizó sus cargos, primero de ministro de Economía y luego vicepresidente de Cristina, para apoderarse del 70% de las acciones y el control de hecho de la imprenta Ciccone, que tenía nada menos que el negocio de la impresión de billetes para la Casa de Moneda.

Esto es comparable a los inmensos negocios de De Vido -con la complicidad de su secretario de Transporte Ricardo Jaime, entre otros- manejando licitaciones públicas por más de 100.000 millones de dólares a lo largo de 12 años desde el Ministerio de Planificación. Y eso tuvo consecuencias nefastas como la desinversión en los ferrocarriles que fue la causa directa de la masacre de Once, donde murieron 51 personas. Si la corrupción mata es justo que los responsables políticos estén presos.

Por supuesto que no confiamos en esta Justicia corrupta, donde los jueces están tan comprometidos en los negociados como los funcionarios. Y por eso alargan las causas. Y permiten que corruptos con condena firme, nada menos que por el tráfico de armas como Menem, puedan presentarse a elecciones y ser senadores.

Denunciar consecuentemente la podredumbre de la Justicia sirviente del poder capitalista no nos va a hacer dejar de decir que Boudou, De Vido y todos los funcionarios y empresarios corruptos tienen que estar presos. Por eso, nuestro diputado Juan Carlos Giordano presentó un proyecto para que en el caso de todos los funcionarios públicos acusados de corrupción se invierta la carga de la prueba y tengan que ser ellos los que demuestren su inocencia, y en el caso de que no lo hagan vayan presos y se les exija devolver lo robado.