La Cámara de Diputados se aprestaba al cierre de esta edición a aprobar el proyecto “ley de responsabilidad penal de las empresas por delitos cometidos contra la administración pública y por cohecho transnacional”. El Diputado Nacional de Izquierda Socialista/FIT Juan Carlos Giordano la rechazó de plano: “Con esta ley se va a perdonar a los empresarios corruptos”.

El gobierno de Cambiemos (con el aval de todos los bloques del Senado) sostiene que esta ley es para evitar casos de corrupción. Es precisamente lo opuesto. Lo que plantea la iniciativa en discusión es que si una empresa comete un hecho de corrupción se le podrán aplicar multas mínimas (que después nunca pagan) y suspender su actividad hasta 10 años (sin mínimo, quiere decir que puede ser por una semana o un mes). Pero si hacen un pacto secreto con un juez esas “sanciones” se bajan a la mitad o directamente desaparecen. Las penas para los empresarios corruptos son excarcelables y las causas van a prescribir en 6 años (cuando en promedio están durando 15). Se trata de la impunidad total para los grandes empresarios que se quedan con la obra pública o se llevan millonadas a través de los gobiernos que trabajan para ellos, sea el actual o durante el kirchnerismo. Por eso la votaremos en contra y proponemos en cambio otro proyecto, para que todos los corruptos vayan presos (empresarios, funcionarios y políticos del gobierno anterior y del actual), tengan ellos mismos que demostrar su inocencia y devuelvan lo que se robaron.