El gobierno de Cambiemos está lanzado a hacer pasar esta nueva etapa del ajuste. Esta semana están las audiencias públicas, paso administrativo formal para legalizar los tarifazos en la luz y el gas que llegarán a las facturas en diciembre. Y ya están en camino rumbo al Congreso los proyectos de reforma impositiva, jubilatoria y laboral.

Si se aprueban, miles de millones de pesos pasarán desde los trabajadores, los jubilados y los que cobran planes sociales a los bolsillos de los empresarios. Los ricos pagarán menos impuestos y tendrán más exenciones; los sectores populares seguirán pagando el astronómico IVA del 21% por cada compra, recibirán una boleta más cara de impuesto inmobiliario y muchos productos subirán de precio por el agregado de más impuestos internos. Los jubilados verán ajustarse sus haberes por un índice menor, perdiendo en promedio 1.000 pesos por mes cada uno a partir del próximo año. Y los trabajadores verán desaparecer muchas de sus conquistas históricas, pudiendo ser despedidos más fácilmente y con menor pago de indemnización, habilitándose innumerables formas de tercerización y trabajo basura. A todo esto sumémosle que el gobierno anunció que no se les otorgará bono alguno de fin de año ni a los estatales ni a los jubilados.

El gobierno sabe que puede hacer que se voten las leyes de ajuste a pesar de que no tiene mayoría en el Senado ni en Diputados. Es que cuenta con la complicidad que le garantiza el peronismo opositor, en todas sus variantes. Arrancando por los gobernadores, que ya se aseguraron que no se les toque su caja a cambio de entregar a los jubilados o, como en el caso de la gobernadora Bertone de Tierra del Fuego, que congeló los salarios por dos años. Las distintas alas en que hoy está dividido el peronismo, después de una campaña electoral donde se la pasaron despotricando discursivamente contra el macrismo, se aprestan a negociar y votar lo sustancial que necesita Cambiemos para hacer pasar el ajuste. El kirchnerismo, en particular, vende que “cuando llegue Cristina al Senado” el 10 de diciembre, será el eje de oposición al ajuste, mientras sus dirigentes políticos y sindicales también siguen en la tregua, no haciendo nada o a lo sumo planteando convocatorias para “defender la democracia”, con el inconfesable propósito de tratar de zafar de las acusaciones de corrupción.

Los dirigentes de la CGT, por su parte, negocian con el gobierno que no se le toquen sus negocios, llamando a discutir todo lo demás “en el Parlamento”, negándose a realizar un plan de lucha o cualquier mínima acción contra el ajuste.

Frente a esta realidad, tenemos que tomar en nuestras manos la pelea. Sin dejar de reclamarle a la CGT que rompa la tregua, hay que salir a debatir con todos los compañeros de trabajo cómo nos organizamos para enfrentarlo. Tenemos que rodear de solidaridad las luchas que se están dando, como la de los despedidos de DyN, del grupo Indalo, Plascar de Córdoba, los municipales de Zapala, los trabajadores del Hospital Italiano y cada una de las peleas en curso, llamando a unificarlas y a confluir con todos los que quieren salir a movilizarse contra el ajuste.

Los ferroviarios del Sarmiento, la Federación de Aceiteros, los compañeros del Sutna, los Suteba multicolores, la Conadu (Histórica), la Feprosa, la Cicop y todas las expresiones que conforman el sindicalismo combativo y opositor junto con la CTA de Raúl Peidró y Cachorro Godoy, hemos logrado acordar una movilización unitaria contra la reforma laboral y el ajuste para el miércoles 6 de diciembre a Plaza de Mayo. Tenemos que tomarla en nuestras manos, hacer asambleas, sacar mandatos de cuerpos de delegados y organizarnos para que se transforme en una gran jornada y, a la vez, en el primer paso de un plan de lucha que derrote esta ofensiva antiobrera del gobierno.