Escribe José Castillo

Actualmente más del 70% de los jubilados cobran la mínima: miserables 7.246 pesos. Sus haberes se ajustan dos veces al año, en marzo y setiembre, por una fórmula que mezcla la evolución de la recaudación con las subas salariales. Ahora se la va a cambiar por otra que, trimestralmente, subirá acorde al Índice de Precios al Consumidor. Seamos claros: no es que la fórmula anterior fuera óptima ni garantizara a nuestros abuelos jubilaciones dignas (como mentirosamente quiere hacernos creer el kirchnerismo), pero sí es cierto que la nueva es absolutamente peor. Un ejemplo: ahora los jubilados tendrán en marzo un aumento de apenas el 5%, en vez del 11% que correspondería con el cálculo anterior. En concreto, a los abuelos que cobran la mínima el estado les robará 11.000 pesos en todo 2018, a un promedio de 900 pesos por mes.

Cínicamente, los gobernadores le pidieron al gobierno que la fórmula fuera “un poco mejor”. El gobierno aceptó: dijo que le agregará al aumento un porcentaje igual al 5% del crecimiento del PBI. Para que se entienda, estamos hablando de entre 20 y 50 pesos más por año ¡Con eso quieren justificarse!

El gobierno de Macri le agrega una supuesta “garantía” de que ningún jubilado con 30 años de aportes cobrará menos del 82% móvil… del salario mínimo. Otra maniobra para confundir: hoy el salario mínimo está en 8.860 pesos. El 82% de ese valor es 7.265 pesos. ¡Son apenas 19 pesos!

El ajuste no termina ahí: se extenderá “opcionalmente” la edad jubilatoria de hombres y mujeres hasta los 70 años. Se busca reducir los haberes cada vez más para que muchísimos trabajadores, desesperados ante el panorama de pasar a vivir en la miseria por su jubilación, sigan trabajando hasta el límite de su físico.
Pero hay más aún. Apuntan a desfinanciar las cajas de la Anses para transformarlas en inviables en el mediano plazo y entonces volver a los viejos planteos de jubilación privada. Entre lo que dejará de entrar en la Anses por impuestos más la reducción de los aportes patronales de las empresas, tendremos 200.000 millones de pesos menos por año, 50.000 millones que se lo quedarán los gobiernos provinciales y 150.000 que irán directo a las manos de las patronales. La contrapartida: menos dinero para pagar jubilaciones y pensiones. El final anunciado es que, en pocos años, la Anses no estará en condiciones ni siquiera de pagar las jubilaciones de miseria actuales.

Tenemos que rechazar de plano este ataque a los jubilados y al conjunto de los trabajadores, que serán los jubilados del mañana. Exigimos que todo jubilado cobre el 82% móvil del salario que tenía en actividad (y no del mínimo), actualizado mensualmente por el costo de canasta del jubilado que calcula la Defensoría de la Tercera Edad. Que se paguen todos los juicios que llevan años por malas liquidaciones. Que se eliminen todas las exenciones a los aportes patronales y se exija a las empresas todo el dinero que deben y no han depositado, incluyendo el de sus trabajadores en negro, que deben ser blanqueados inmediatamente. Y que el dinero de la Anses (tanto el que ingresa mensualmente como el del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que viene de la época de la estatización de las AFJP) sea utilizado exclusivamente para sostener jubilaciones y pensiones y no para ningún tipo de negociado financiero como se hace actualmente. Para garantizarlo, la Anses debe pasar a ser administrado por las propias organizaciones de jubilados.