Escribe José Castillo

El gobierno nacional y los jefes provinciales firmaron un pacto de reparto de fondos con dos claros perdedores. Los abuelos cobrarán cada vez menos, la Anses recibirá menos plata y se extenderá la edad jubilatoria. A los estatales se los amenaza con aumentos salariales por debajo de la inflación y una nueva ola de despidos.

Salieron todos contentos y sonrientes “para la foto”. El conjunto de los gobernadores (con la única excepción de San Luis, que todavía hoy “sigue negociando”) firmaron con el gobierno de Macri el ajuste que se viene. Ahí estaban los oficialistas de Cambiemos, pero también los peronistas de todas las vertientes (incluyendo los kirchneristas de Santa Cruz, que trataron de disimular con Alicia Kirchner de vacaciones por Europa enviando al vicegobernador Pablo González), el “socialista” santafesino Miguel Lifschitz y aquellos que están “en tránsito” de su origen kirchnerista hacia el macrismo (como Roxana Bertone de Tierra del Fuego o la familia Zamora de Santiago del Estero).

Se renegoció el reparto de impuestos entre la Nación y las provincias, y entre las propias provincias entre sí, resultando claramente favorecido el distrito de Buenos Aires de la gobernadora Vidal. Pero lo más concreto es de dónde saldrá la plata para que todos los gobernadores se hayan ido contentos. La respuesta es clarísima: se le meterá la mano en el bolsillo (hasta el fondo) a los jubilados. Se cambiará la forma de calcular los reajustes, lo que le permitirá al gobierno “ahorrarse” alrededor de 150.000 millones de pesos (porque esa fórmula también correrá para la Asignación Universal por Hijo y para el resto de las pensiones, como la de los veteranos de Malvinas). Se extenderá la edad jubilatoria “voluntariamente” hasta los 70 años (se garantizarán jubilaciones de miseria para que los trabajadores se vean obligados a seguir trabajando hasta esa edad) y se desfinancia la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en un monto que orillará los 200.000 millones de pesos, generando un gravísimo problema para pagar las jubilaciones futuras.

Pero hay un segundo “pagador” de este acuerdo Macri-gobernadores: los trabajadores del Estado. Al cerrar el acuerdo, durante su discurso, el propio presidente explicó que el objetivo es la pérdida del poder adquisitivo de los salarios estatales: “si estamos generando todas estas condiciones para que se genere trabajo en el sector privado y si le competimos con salarios más altos, el sector privado no va a poder generar la mano de obra que necesita para su crecimiento”. Más claro, echémosle agua: Macri quiere salarios de hambre en el sector privado, que deben estar en línea con salarios de hambre en el estado. A esto se le suma el proyecto de despedir 19.000 empleados del Estado, según un estudio del Ministerio de Modernización que habla de “dotaciones óptimas” por repartición y la “invitación” a las provincias y municipios para que acompañen también esta política de echar a su propios trabajadores.

El acuerdo Macri-gobernadores fue el primer paso y ahora seguirá en el Congreso. Las reformas jubilatoria, laboral e impositiva deberán ser aprobadas en las cámaras de senadores y diputados. Ahí entrará en juego el pacto político de Cambiemos con las distintas vertientes peronistas, para que más allá de los discursos grandilocuentes para la tribuna, terminen garantizándole los votos que el gobierno necesita para la aprobación de este paquete de ajuste. De la misma forma que el triunvirato de la CGT está entregando las conquistas históricas de los trabajadores, la oposición patronal peronista ayudará así a condenar al hambre a los jubilados y al despido a miles de estatales. Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda, juntamente con el sindicalismo combativo, saldrá a dar pelea contra este ajuste, oponiéndose tanto en las calles como en las votaciones en el Congreso.