Escribe Mariana Morena

La inspección ordenada por la Justicia en la Lof de Villa Mascardi derribó la hipótesis oficial del “enfrentamiento”. A Rafael le dispararon por la espalda los prefectos en medio de una brutal “cacería” que perseguía desalojar a los mapuches de su territorio ancestral recuperado. Exigimos el fin del encubrimiento y la impunidad, castigo a los culpables y responsables políticos, y que se respete el derecho del pueblo mapuche a la tierra.

A dos semanas del asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel en Villa Mascardi, a unos kilómetros de Bariloche, la inspección ocular ordenada por el juez federal Gustavo Villanueva a la comunidad Lawken Winkul Mapu confirmó las declaraciones de los testigos mapuches: que a Nahuel lo mató por la espalda una bala del grupo Albatros de Prefectura Naval en medio de una brutal “cacería”. En distintos puntos del terreno (a 1.000 y 1.200 metros de distancia del predio) fueron encontradas 44 vainas servidas, de calibre 9 milímetros en su mayoría, pertenecientes a armas de fuego de las fuerzas de seguridad. No hubo rastros en el lugar señalado por el Ministerio de Seguridad como el punto del presunto enfrentamiento (a 400 metros) ni tampoco en ningún sector del predio. Ningún elemento permite sostener la teoría de la ministra de Seguridad Bullrich sobre el supuesto “enfrentamiento”, la posesión de armas en manos de mapuches y la presencia del “grupo violento” RAM. Como en el caso Maldonado, nuevamente el gobierno y sus grupos mediáticos socios montaron una campaña de encubrimiento para garantizar la impunidad de las fuerzas de seguridad.

Escalada represiva en defensa de los terratenientes y las multinacionales

El operativo tuvo características similares al que provocó, cuatro meses atrás, la muerte del joven artesano Santiago Maldonado, ahogado en el río Chubut durante la represión de Gendarmería la Pu Lof de Cushamen. Se inscribe en la escalada de criminalización y violencia del gobierno de empresarios de Macri (con operativos sin orden judicial, causas armadas, actos intimidatorios, tareas de inteligencia ilegal, detenidos y torturas) contra las comunidades mapuches que luchan legítimamente por recuperar sus territorios ancestrales (derecho sancionado por la reforma constitucional de 1994).

El gobierno la implementa en coordinación con los gobernadores provinciales y los legisladores de todo el arco político patronal, con quienes acuerda en defender los intereses del negocio inmobiliario y de los grandes terratenientes y multinacionales, como los magnates Joe Lewis y Luciano Benetton, usurpadores de miles de hectáreas en la Patagonia y beneficiarios privilegiados en sus negocios con el Estado. Por eso aprobaron en el Senado el ingreso de tropas yanquis a la Patagonia y preparan un anteproyecto de reforma del Código Penal que conlleva la tipificación del delito de terrorismo y agrava las penas de prisión, reforzando la legislación antiterrorista K. En la misma línea, el gobierno y los gobernadores de Neuquén, Río Negro y Chubut conformaron la semana pasada una “mesa de seguridad” contra el ficticio grupo terrorista RAM, el nuevo “enemigo interno” que justifica la represión estatal concediéndole hasta “el beneficio de la duda”, en declaraciones de la vicepresidenta.

El derecho de los pueblos originarios a la tierra

De acuerdo con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el Estado tiene identificadas 1.596 comunidades aborígenes en todo el país. Pasados once años de la sanción de la ley 26.160 de emergencia de tierras indígenas (prorrogada recientemente hasta 2021), el relevamiento técnico que dispone está a mitad de camino: solo fueron censadas 828 comunidades y falta auditar otras 762. Las provincias llevan entregados unos 200 títulos de propiedad a pueblos originarios, pero hay unos 430 procesos judiciales abiertos y más de 130 sentencias firmes de desalojo en suspenso. Un dato clave: las comunidades relevadas reclaman más de 8 millones de hectáreas de territorio, lo que representa casi el 3% de la superficie total del país, mientras que el nivel de extranjerización de la tierra asciende a 5,57%.

Desde Izquierda Socialista convocamos a seguir movilizados por justicia para Rafael Nahuel. Exigimos el fin del encubrimiento y la impunidad del gobierno para los prefectos asesinos. Que sean castigados los responsables políticos. Basta de criminalización y represión al pueblo mapuche. Libertad al dirigente Facundo Jones Huala. Cumplimiento efectivo de la ley 26.160 de emergencia de tierras indígenas para entregarlas a sus legítimos dueños originarios. Fuera todos los terratenientes y multinacionales de la Patagonia.