Escribe Mariana Morena

El sábado 26 de noviembre, mientras Santiago Maldonado era velado a casi cuatro meses de morir durante la represión de Gendarmería a la Pu Lof de Cushamen, otro joven solidario con la legítima lucha mapuche por la recuperación de sus tierras era fusilado por la Prefectura en medio de un operativo de desalojo en Villa Mascardi. En ambos casos, la reacción del gobierno fue la misma: con ayuda de las corporaciones de medios -socios en la defensa de intereses de terratenientes, multinacionales y el negocio inmobiliario-, montaron una trama de encubrimiento para garantizar la impunidad de sus fuerzas de seguridad y responsables políticos.

En el caso Maldonado, los ochenta días que el cuerpo permaneció desaparecido fueron aprovechados para desviar la investigación por medio de alteración y ocultamiento de pruebas, demora en el cambio de carátula de la causa, dilación de pericias, difusión de hipótesis falsas, más la “demonización” de los mapuches y la supuesta aparición de un grupo radicalizado, la RAM, con presunto financiamiento de grupos terroristas extranjeros. Todas falsas hipótesis que cayeron mientras crecían la indignación, la solidaridad y la movilización popular.

Cuando se halló el cuerpo sumergido en el río Chubut (“sin evidencia de lesiones”, se apresuraron a aclarar) y las pericias confirmaron que murió a los pocos minutos de ingresar con vida a las aguas heladas del río, el gobierno y sus medios adeptos jugaron su última carta: “Santiago murió ahogado”, afirmaron desestimando la brutal represión de Gendarmería. Desde entonces hay una fuerte campaña por “un cambio cultural con las fuerzas de seguridad”, para volver a lograr la valoración social de las fuerzas armadas. En esa dirección apuntan todas las declaraciones de funcionarios de primera línea a partir del asesinato de Nahuel.

Desde Izquierda Socialista vamos a seguir reclamando justicia por Santiago Maldonado, exigiendo que se conforme una comisión investigadora independiente que pueda llegar a la verdad y el castigo de los culpables. ¡A más de 4 meses de la muerte de Santiago no hay gendarmes ni funcionarios procesados! Denunciamos la responsabilidad de Bullrich-Noceti y del gobierno en la represión de la comunidad mapuche que terminó con la muerte de Santiago, así como su posterior encubrimiento.