Después de dos años en los que Macri ha venido ajustando a los trabajadores, el gobierno de Cambiemos viene por más. La nueva ola de despidos y otro intento de imponer un techo salarial por debajo de la inflación están al servicio de garantizar los cada vez mayores pagos de deuda externa.

Escribe José Castillo

Macri ya pasó la mitad de su mandato. El balance es clarísimo: despidos masivos, tanto en el sector público como en la actividad privada. Lo poco que “se recuperó” en 2017 fue a costa de mayor empleo en negro, tercerizado o monotributista. A esto sumémosle que los salarios cayeron fuertemente frente a la inflación en estos dos años. Los tarifazos, las astronómicas remarcaciones de alimentos y artículos de limpieza por parte de los supermercados, y la aun mayor suba de los medicamentos pulverizaron los sueldos, las jubilaciones y ni qué hablar de los miserables subsidios de ayuda social.
Aunque el gobierno se la pasó hablando de que la economía se iba a recuperar “en el segundo semestre” (de 2016), que ya se veían “los brotes verdes” y otras mentiras, la realidad es que terminamos el 2017 con niveles de consumo popular por el piso y grandes sectores de la industria con la producción en baja.
La contracara de este ajuste contra los trabajadores está en “los que ganaron”: los monopolios exportadores del agro, beneficiados con la baja de retenciones y la devaluación; los bancos, que siguen con superganancias récord; los especuladores de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la que más ganancias dio en el mundo en 2017); los importadores de autos, especialmente los de lujo y, por supuesto, los acreedores externos que siguen de fiesta entre lo que cobran de intereses y el nuevo endeudamiento.

Se viene un mayor ajuste
Después de las elecciones legislativas el gobierno se lanzó a profundizar el ajuste. Impuso una reforma jubilatoria por la que se le robó 100.000 millones de pesos a nuestros abuelos. Macri afirma que, para que la economía crezca y “lleguen las inversiones”, hay que achicar el déficit fiscal (léase la diferencia entre lo que gasta el Estado y lo que recauda). Se trata de una vulgar mentira y una excusa para seguir atacando a los trabajadores y garantizar mayores privilegios a las patronales. Primero y principal, porque si lo que realmente quieren es “achicar el déficit” deberían subir los impuestos a los ricos, y el gobierno se jacta justamente de lo contrario: bajó el impuesto a las ganancias de las empresas de 35% a 25%, reduciendo los aportes patronales y haciendo lo mismo con las retenciones a los monopolios exportadores. Y, en lo que respecta al “gasto público”, solo achicó los subsidios a las empresas privatizadas, pero el costo no lo pagaron ellas (que siguen ganando fortunas mientras continúan estafándonos con servicios pésimos) sino los trabajadores y el pueblo con astronómicos tarifazos. Pero el total del gasto público no bajó, porque lo que se ahorró en estos menores subsidios se lo gastó en mayores pagos de intereses de la deuda (a razón de 1.100 millones de pesos diarios). ¡Esto es lo que hace que el famoso “déficit fiscal” siga tan alto como siempre!
El gobierno insiste que “tiene que bajarlo” en 2018. Para eso es el robo de 100.000 millones de pesos a los jubilados y la feroz tanda de despidos de trabajadores estatales.
Macri quiere también ponerle un techo de 15% y sin “cláusula gatillo” a las negociaciones paritarias, haciendo que los trabajadores otra vez suframos un recorte en el poder adquisitivo de nuestros salarios. Es un secreto a voces que la inflación de este año difícilmente baje de 20%, cosa que ya se visualiza con la nueva tanda de tarifazos.

Lo que más crece es la deuda externa
El gobierno de Cambiemos se lanzó a un endeudamiento desaforado, tanto a nivel nacional como en las provincias. Si sumamos el endeudamiento nacional, el provincial y las letras del Banco Central nos acercamos al increíble número de 400.000 millones de dólares. Un monto a todas luces impagable. Para no perder la costumbre, el macrismo inauguró enero de 2018 con 9.000 millones de dólares de nueva deuda, de un total programado para el año de 25.000 millones.
Todo esto hace que crezca también el monto de intereses en efectivo que hay que pagar año a año. Digámoslo claramente: el ajuste en el sector público (despidos, bajas jubilatorias, salarios de estatales, docentes y trabajadores de la salud a la baja) es para garantizar esos pagos.
Todo este nuevo endeudamiento sirve para “engrasar” el mecanismo de la llamada “bicicleta financiera”: los dólares son pasados a pesos por los especuladores, con eso compran los Lebac, lo que les permite hacerse una ganancia única en el mundo de 28%, para después “volver” al dólar y terminar fugando esos capitales del país. El gobierno de Macri les garantiza el negocio por partida doble: les ofrece los dólares que obtiene con mayor endeudamiento. Y luego, vía el Banco Central de Sturzenegger, al ofrecerles esas letras (Lebacs) con beneficios astronómicos. La apertura y desregulación financiera (ahora se anuncia que se va a poder comprar y vender dólares en cualquier lado, hasta en los kioscos) está al servicio de esos negociados.
La excusa de que todos esos privilegios para los ricos garantizarán “nuevas inversiones” y que eso generará crecimiento económico y un derrame hacia los sectores de menores recursos es una vulgar mentira. Como ejemplo tenemos a los monopolios exportadores, privilegiados particularmente por el gobierno de Macri, y cuyas exportaciones no sólo no crecieron sino que se redujeron generando un espectacular déficit de balanza comercial (la diferencia entre exportaciones e importaciones) de 8.500 millones de dólares. Déficit que, una vez más, fue “compensado” con más deuda externa. Ahora la suba del dólar, que en los últimos dos meses alcanzó un 13%, significa nuevas ganancias para estos pulpos, que pagaremos los trabajadores con los aumentos que esa devaluación generará sobre los precios de consumo popular.
Macri dice que el “nuevo modelo de la Argentina que se abre al mundo” va a traernos inversiones y prosperidad. Lo único que garantiza el gobierno de Cambiemos es profundizar la semicolonización del país y la entrega de nuestras riquezas a los pulpos multinacionales, como se ve con los alimentos, el petróleo (con el ejemplo de Vaca Muerta) y el conjunto de los recursos naturales. Un país con mayores superganancias para las patronales y como contrapartida más miseria y marginación para los trabajadores y el pueblo, encadenada a la sangría eterna de pagar cada vez más deuda externa.