En la Oficina Anticorrupción (OA) hay 27 expedientes abiertos contra altos funcionarios del gobierno de Cambiemos. Sin embargo en el organismo que dirige Laura Alonso manifiestan que las causas no prosperarán porque responden a denunciadores seriales. La realidad es que Alonso es una funcionaria macrista de Propuesta Republicana (PRO) que les garantiza impunidad.

Macri tiene seis carpetas abiertas con su nombre en el organismo, dos de ellas son por los Panama Papers y la venta del parque eólico familiar; el ministro de Energía, Juan José Aranguren, también aparece en el listado por los Paradise Papers; el ex ministro de Educación y actual senador Esteban Bullrich, por el uso de Tecnópolis para fines privados; Sergio Bergman, “el hombre planta” ministro de Ambiente, por irregularidades en la licitación para la compra de buses eléctricos y por la adquisición de helicópteros. También se investiga a Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos, y a Pablo Clusellas, secretario Legal y Técnico.
La OA analizó 210 casos de “posibles” conflictos de intereses. Allí aparecen los nombres de la vicepresidenta Gabriela Michetti, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, ambos vicejefes del Gabinete de Ministros. También los del ex ministro de Agroindustria Ricardo Bruyaile y su sucesor, Luis Miguel Etchevehere, con sus pares de Hacienda, Nicolás Dujovne; de Defensa, Oscar Ahuad; e Interior, Rogelio Frigerio. Otros funcionarios investigados son Luis Caputo, ministro de Finanzas; Andrés Ibarra, ministro de Modernización ,y el último en sumarse Jorge Triaca, ministro de Trabajo. La “transparencia” para este gobierno es solo un discurso.

C.F.