Caso Chocobar: Macri y Bullrich dan licencia para matar
El presidente y la ministra recibieron al policía Chocobar en la Casa Rosada. El agente mató por la espalda a un delincuente que asaltó a un turista estadounidense en la Boca. El gobierno usó el hecho para reforzar el gatillo fácil, la mano dura y la defensa del accionar del aparato represivo ante los reclamos sociales.
Escribe Juan Carlos Giordano Diputado nacional
Izquierda Socialista/FIT
El gobierno había visto el video donde se constató que Chocobar no actuó en “legítima defensa”. También sabía que un juez lo imputó por homicidio. Igual lo recibió. ¿Por qué? Fue un gesto para ratificar la mano dura.
El policía disparó nueve veces contra Kukoc, el joven de 18 años, a corta distancia, por la espalda y nunca acudió en defensa del turista asaltado. La madre del joven asesinado señaló: “El policía debía haber arrestado a mi hijo, pero lo asesinó. Le tiró como a un animal, lo fusiló”.
El gobierno de Macri intenta posar como que combate la inseguridad premiando a policías “en cumplimiento de su deber”. Pero la inseguridad crece precisamente por la complicidad del gobierno y las mafias policiales con la droga, la prostitución, la trata y zonas liberadas para ello. Y porque el gobierno expulsa con sus planes de ajuste a millones de jóvenes sin futuro, algunos terminan como mano de obra barata de los narcos y esas mafias delictivas.
El gobierno usa el falso argumento de la “puerta giratoria” y que el kirchnerismo fue “permisivo” con la delincuencia. Pero Néstor Kirchner apostó a la mano dura aprobando las leyes de Blumberg, los presos aumentaron y la delincuencia también. Ahora con Macri crecieron los casos de gatillo fácil y las torturas en las comisarías.
No hay forma de combatir a la delincuencia si no se termina con esa complicidad político-policial con las mafias y los planes de hambre y pobreza. Mientras damos esa pelea hay que organizarse en los barrios para disuadirla.
Hay que desmantelar el aparato represivo
Macri y Bullrich dicen que hay que defender a la policía e “invertir la carga de la prueba”. Esto quiere decir que todo policía, gendarme, prefecto o fuerza especial puede matar impunemente, se tiene que creer y presumir que actuaron bien. O sea, la pena de muerte por la vía de los hechos, la que fogonea el gurú presidencial Durán Barba. Una locura total.
Es lo que sostuvo el gobierno con Santiago Maldonado. Por eso no hay ningún gendarme imputado, ni retirado de la fuerza, sino premiado, como Echazú, el gendarme ensangrentado sospechado de haber tenido una refriega con Maldonado. Recordemos que Gendarmería entró en forma ilegal y sin orden judicial al predio de los mapuches porque son considerados por el gobierno como “violentos, terroristas y en delito permanente”. Tampoco hay ningún prefecto detenido ante el probado asesinato por la espalda del joven Rafael Nahuel por apoyar el reclamo de tierras de la comunidad mapuche en Mascardi, Bariloche. El gobierno simuló un “enfrentamiento armado” que nunca existió.
Con el gesto de recibir a Chocobar, el gobierno va más allá. Además de insistir con el uso de las pistolas Taser (descargas eléctricas que en muchos casos son mortales), quiere hacer creer que hay que dar una vuelta de página, terminar con “el recelo” y “sed de venganza” que tendría la población con los militares y fuerzas represivas desde la dictadura, y dar vía libre para fortalecer el aparato represivo.
El gobierno usa la inteligencia de la Gendarmería que viene del kirchnerismo para reprimir las luchas obreras y populares y criminalizar y judicializar la protesta social. Es lo que pasó a fines de diciembre, con miles de policías reprimiendo la protesta contra el robo a los jubilados. Con cientos de gendarmes amedrentando a los trabajadores que luchan, metiéndose adentro del hospital Posadas, en el INTI, infiltrando policías de civil en las marchas o persiguiendo periodistas para que no difundan “las malas noticias” del ajuste y la represión.
Llamamos a los luchadores, organizaciones de derechos humanos, obreras y populares a desenmascarar esta nueva embestida del gobierno contra las libertades democráticas y exigir el desmantelamiento del aparato represivo.