Escribe Martín Fú

El gobierno nacional continúa con la persecución a los luchadores. A través de sus operadores judiciales busca imponer un precedente nefasto: cualquiera que se manifieste contra las políticas de ajuste y miseria puede ir preso. Seguiremos movilizados repudiando la judicialización de la protesta social.

La Sala II de la Cámara Federal confirmó el procesamiento y dispuso la prisión preventiva de los compañeros César Javier Arakaki y Dimas Fernando Ponce, revocando la libertad que les había otorgado el juez Sergio Torres luego de la gran campaña de movilización y pronunciamientos contra la persecución judicial, tras las masivas jornadas del 14 y el 18 de diciembre de 2017.
El nuevo fallo plantea volver a encarcelar a los compañeros (aunque no está firme porque fue apelado) y traba un embargo económico contra ellos, dictando la prisión preventiva para ambos. La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, integrada por los jueces Martín Irurzún y Eduardo Farah, resolvió el procesamiento de César Arakaki y Dimas Ponce por los “delitos” de “lesiones en agresión y atentado contra la autoridad, agravado por haber sido cometido a mano armada y por la reunión de más de tres personas”. Lo más escandaloso del pedido de la cámara es que incluye presuntos delitos como “lesiones, intimidación, atentado con uso de armas”, entre otros graves cargos, acusaciones que fueron desestimadas por el mismo juez Torres, quien llevó adelante la instrucción contra Arakaki y Ponce para luego liberarlos. Con el Código Penal en mano pretenden judicializar la protesta social, acusando a los compañeros por las lesiones sufridas por un efectivo de la Policía de la Ciudad que se encontraba reprimiendo a los manifestantes.
Mientras Macri recibe con honores al policía de gatillo fácil Chocobar y se profundiza la operación de liberar a cientos de militares con múltiples condenas por genocidio, Irurzún se postula nuevamente como el operador judicial todoterreno del gobierno, que busca poner entre rejas a quienes nos manifestamos en el Congreso contra el vergonzoso robo a los jubilados, pone especial énfasis en perseguir a la izquierda, particularmente a quienes conformamos el Frente de Izquierda.
 Como explicó la defensa de César y Dimas, “participaban de una movilización masiva, junto a otras 300.000 personas que pretendían manifestar frente al Congreso contra la consumación del robo de 100.000 millones de pesos a los jubilados, pero se encontraron con un operativo represivo que pretendía dispersarla, por decisión del poder político. Durante más de dos horas los manifestantes defendieron su derecho a manifestar contra una agresión policial inusitada”.
El caso de los militantes del PO César Arakaki y Dimas Ponce, así como el pedido de captura internacional del compañero del PSTU Sebastián Romero, son la continuidad de las políticas de persecución y amedrentamiento del gobierno, buscando que las jornadas masivas como la del 18 de diciembre no vuelvan a repetirse.
Izquierda Socialista denuncia y repudia la persecución a Dimas Ponce y César Arakaki, como también la de Sebastián Romero, exigiendo la libertad y el cierre de todas las causas judiciales contra los procesados por luchar. Seguiremos en las calles, movilizados, participando y acompañando todas las luchas de los trabajadores y sectores populares contra las políticas de ajuste de Macri y los gobernadores.