Escribe Juan Carlos Giordano

El golpe genocida de 1976 tuvo a la cúpula de la Iglesia Católica entre sus más destacados apoyos. Lo hizo vía la Conferencia Episcopal, presidida por el entonces cardenal Primatesta, quien bendijo las torturas y el robo de bebés. Como toda institución capitalista y reaccionaria apoyó los golpes en toda Latinoamérica bajo las órdenes del imperialismo yanqui. La consigna “cárcel a los genocidas y sus cómplices”, que levantamos desde hace décadas, incluye en forma privilegiada a la cúpula de la iglesia.

En 2007 fue condenado a perpetua el cura Christian Von Wernich, capellán de la policía de la provincia de Buenos Aires, por su participación en secuestros, homicidios y torturas. Fue la primera vez que un miembro de la iglesia iba a juicio y recibía condena. Con el retorno de los gobiernos constitucionales en 1983, la iglesia desplegó toda su influencia al servicio de encubrir a los genocidas hablando de “reconciliación”. Lo mismo que dice ahora, a 42 años del golpe. El obispo castrense Santiago Olivera señaló que “hay que respetar los derechos humanos de nuestros fieles militares” (Página12, 10/03). Al día de hoy la jerarquía eclesiástica sigue sin entregar sus archivos a la Justicia.

Jorge Bergoglio, el actual Papa, llegó a ser arzobispo primado de Argentina continuando con la política de encubrimiento de su antecesor Quarracino. Durante la última dictadura militar Bergoglio era titular de la Compañía de Jesús a la cual pertenecían los curas jesuitas Orlando Yorio y Francisco Jalics, secuestrados y torturados en 1976. Cuando tuvo que declarar por estos hechos, reconoció que no hizo ninguna denuncia judicial y que se limitó a “informar a mis superiores”, es decir, a los cómplices de los asesinos.

Sueldazos, pedofilia y contra el aborto

El jefe de Gabinete Marcos Peña volvió a reconocer hace días en el Congreso los sueldazos que les paga el pueblo argentino a obispos y curas. Lo mismo nos contestó cuando desde la banca de Izquierda Socialista le preguntamos sobre ello el año pasado. Es que el financiamiento a la Iglesia Católica se ampara en el artículo 2° de la Constitución Nacional, que dice: “El gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico, romano”. Esto significa pago de sueldos y jubilaciones a los obispos hasta la exención impositiva de las parroquias. A su vez, el gobierno costea las obras y reformas de las basílicas y catedrales, entrega terrenos públicos a los monasterios y subvenciona a las escuelas confesionales de todo el país.

Las leyes 21.950 y 21.450, sancionadas por Videla y Martínez de Hoz en 1979, establecen la paga a los obispos de un sueldo equivalente al 80% de lo que gana un juez nacional y les otorga jubilaciones de privilegio. Estas normas no fueron derogadas por los posteriores gobiernos. Radicales, peronistas kirchneristas y macristas son cómplices al sostener estos privilegios que insumen 130 millones de pesos. Solo la izquierda propone terminar con ellos.

Recientemente distintos políticos patronales y referentes sociales enviaron una carta al Papa felicitándolo por sus 5 años de pontificado, desde Vidal, Massa, Baradel, Felipe Solá, Hebe de Bonafini, Estela Carlotto, pasando por el burócrata de la CGT Héctor Daer hasta Alderete (CCC) y dirigentes de los movimientos sociales, como Grabois de CTEP. El Papa agradeció diciendo que “la unidad es superior al conflicto” (es decir, llamando a no hacer olas ante el gobierno de Macri) y que “defiende la vida”, en clara alusión a su posición en contra del aborto. Además, la iglesia siempre se opuso al uso de preservativos y de cualquier otro método anticonceptivo, y el propio papa Francisco mantiene en cargos de jerarquía a curas pederastas.

Complicidad con la dictadura y los gobiernos de la impunidad, postura antiaborto, sueldazos, privilegios y curas pedófilos caracterizan a una institución retrógrada y reaccionaria a la que hay que seguir combatiendo. A 42 años del golpe no olvidamos ni perdonamos.