Escribe José Castillo

El ascenso al poder de la dictadura tenía como objetivo parar la enorme movilización obrera y popular que había comenzado con el Cordobazo en 1969. Para cortarla de raíz llevó adelante un auténtico genocidio con 30.000 desaparecidos y miles de presos políticos. Al mismo tiempo, profundizó la entrega del país, dando origen a la aún existente deuda externa. 

El 24 de marzo de 1976 los militares derrocaban al gobierno de Isabel Perón, dando comienzo a la peor dictadura de la historia argentina. Ese mismo día, centenares de delegados y activistas fueron secuestrados en sus propios lugares de trabajo. En las semanas, meses y años siguientes, la dictadura llevó adelante una brutal represión con grupos de tareas, centros clandestinos de detención y desatando un auténtico terror sobre el conjunto del pueblo trabajador.

La dictadura militar no fue un simple “exceso” de cúpulas militares aisladas. Fue parte de un plan sistemático que buscó cortar de raíz el ascenso de las luchas obreras, populares y juveniles que en nuestro país había comenzado con el Cordobazo de 1969.

La complicidad peronista y radical

Los militares tomaron el poder después del fracaso del plan de las patronales y el imperialismo para frenar las luchas y radicalización política que venían creciendo desde fines de los ‘60: traerlo a Perón para que, con su autoridad y prestigio, pusiera “en caja” a la clase trabajadora y la juventud. Pero aun así no pudieron parar la movilización y la ruptura de la inmensa nueva vanguardia luchadora que había surgido en esos años. El propio Perón, y más adelante Isabel, con su nefasto ministro López Rega, comenzaron una feroz represión parapolicial y paramilitar desde 1974 por medio de las bandas conocidas como la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina). Claro que, a pesar del terror desatado, no pudieron evitar enormes movilizaciones e incluso la primera huelga general contra un gobierno peronista, que derrotó el plan de ajuste de junio-julio de 1975 conocido como Rodrigazo e incluso tiró a López Rega. Fue el peronismo también, por medio del presidente provisional Ítalo Lúder (que reemplazó durante dos meses a Isabel) quien promulgó el decreto de “aniquilación de la subversión”, poniendo el país bajo el control operacional de las fuerzas armadas y dando cobertura legal a la represión militar.

Los radicales, por su parte, también aportaron para justificar el accionar represivo. Ricardo Balbín, el líder de la UCR en esos momentos, llamó a terminar con la “guerrilla fabril”, como denominaba a los activistas, comisiones internas y delegados que peleaban contra el gobierno y la burocracia sindical. Fue el propio Balbín el que dijo por cadena nacional, en los días previos al golpe, que “no tenía soluciones”, haciendo un llamado implícito al alzamiento militar.

Un golpe al servicio de los negocios capitalistas

La otra pata de apoyo al golpe fueron los empresarios locales y extranjeros, las grandes patronales, el sistema financiero y, por detrás de ellos, las instituciones como el FMI o el Banco Mundial.

El dictador Videla nombró como ministro de Economía a José Alfredo Martínez de Hoz, miembro de una familia tradicional fundadora de la Sociedad Rural Argentina y él mismo directivo de Acindar, una de las empresas industriales más importantes de entonces. Martínez de Hoz llevaría adelante un feroz plan de ajuste, reduciendo los salarios 40% sólo en el primer año, acompañando esto con una reforma financiera que habilitó por primera vez lo que se llamaría “bicicleta financiera”, a la vez que se llevaba adelante una apertura económica total. En apenas un par de años, miles de empresas cerraron y dejaron a sus trabajadores en la calle. La contracara de esto será que el gobierno militar contraería una enorme deuda externa, a la vez que promovía que sus empresas amigas (nacionales y extranjeras) también lo hicieran. Más adelante, cuando esa fenomenal especulación estalló, “estatizaron” esa deuda privada, endosándosela al conjunto del pueblo trabajador.

Los grandes grupos económicos locales y extranjeros se beneficiaron enormemente con la política de la dictadura, que incluyó la represión de la clase obrera y la prohibición de toda actividad sindical, permitiéndole bajar sueldos, despedir trabajadores e incrementar al infinito los tiempos de trabajo. Para poder llevarlo adelante, las patronales denunciaban a los delegados y activistas a los militares, e incluso hubo empresas donde se habilitaron centros clandestinos de detención en sus propios predios, como fue el caso de Ford.

La dictadura terminó cayendo, masivamente repudiada luego de la derrota de Malvinas. En los años y las décadas siguientes, se alzaró el clamor por el juicio y castigo a los responsables civiles y militares del genocidio y por el desmantelamiento del aparato represivo. A pesar de los intentos de impunidad llevados adelante por todos los gobiernos posteriores a 1983, continuamos en la pelea, como gritamos cada 24 de marzo: “Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”.