Escribe Guido Poletti

La imagen de Néstor Kirchner haciendo bajar el cuadro de Videla en el Colegio Militar de la Nación y, mucho más todavía, las innumerables declaraciones de Estela de Carlotto o Hebe de Bonafini reivindicando la política de derechos humanos de Néstor y Cristina, ha generado en muchos honestos luchadores la imagen de que se trató de un gobierno que, por primera vez desde el fin de la dictadura llevó adelante efectivamente la lucha contra la impunidad.

Nada más lejos de la realidad. Si en el año 2003 se logró la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final se debió a un proyecto presentado en el Congreso por la izquierda que terminó siendo votado en medio de una fuerte presión popular. La continuidad de las luchas y movilizaciones fue también la que obligó a la Corte Suprema de Justicia a derogar los indultos de Menem.
Los juicios a los genocidas avanzaron trabajosamente hasta el día de hoy gracias a la persistencia de la lucha de familiares, abogados y militantes de distintas organizaciones que fueron salteando los mil y un obstáculos que se le ponían delante. Justamente fue en medio de uno de los juicios más emblemáticos, a Etchecolatz en La Plata, que se produciría en 2006 la desaparición de Jorge Julio López, luego de que éste declarara como testigo. La respuesta del gobierno kirchnerista fue terrible. El entonces ministro Aníbal Fernández llegó a poner en duda que estuviera desaparecido: “A lo mejor está en la casa de la tía”, afirmó. Desde ese momento, ni Néstor Kirchner hasta su muerte, ni después Cristina, nombraron a Jorge Julio López. 

En 2010 se produjo el asesinato de Mariano Ferreyra a manos de una patota de la Unión Ferroviaria de Pedraza, la misma que había concurrido días antes a un acto en la cancha de River con Néstor Kirchner. El autor material, Christian Favale, tenía profusión de fotos con los principales dirigentes K para los que hacía campaña. 

Durante eso años se dio un ataque sistemático al pueblo qom de Formosa, incluyendo varios asesinatos. Los qom tuvieron que instalar durante años una carpa en la avenida Nueve de Julio, mientras pedían infructuosamente ser recibidos por el gobierno de Cristina.

Mientras ella era presidenta, también se implementó el espionaje interno con el proyecto X, acompañado por la ley antiterrorista. El peronismo K fue el responsable de innumerables represiones a luchas obreras y populares. Las más recordadas son las que se produjeron en la Panamericana a los obreros de Kraft y años después a los de Lear, Gestamp y la línea 60, o en Puerto Madero a los trabajadores del casino. Menos prensa tuvieron las del interior del país, siendo particularmente feroces las represiones en Santa Cruz, la provincia natal del kirchnerismo. Como consecuencia de todo esto, los gobiernos K terminaron con un saldo de 5.000 luchadores populares procesados.

Finalmente, Cristina nombró al general César Milani, un probado represor de la dictadura, como jefe del Ejército. Un final emblemático para un gobierno peronista que llevó adelante un doble discurso donde por un lado “reivindicaba” los derechos humanos y la militancia de los años ‘70 y por el otro continuaba con la impunidad y la represión.