Siguen los ataques a la escuela pública: Que Ctera ponga fecha al paro nacional
Escribe Guillermo Sánchez Dirigente de Docentes en Marcha
Los ataques del gobierno a la educación pública y al salario docente se profundizan. Macri y los gobernadores apuestan a cerrar paritarias a la baja e implementar la reforma educativa. Las conducciones kirchneristas de Ctera, Suteba y los gremios provinciales se niegan a unificar la lucha y ponerle fecha al paro nacional.
Macri, Vidal y los gobernadores se muestran contentos. Dicen que los docentes estamos dando clases “normalmente”, que se está “negociando” con los alumnos en las aulas. Pero la realidad es bastante diferente.
Hay un estado caótico en el sistema educativo en la mayoría de las provincias, particularmente en Buenos Aires. Docentes sin nombrar, otros removidos de sus cargos, miles de alumnos sin docentes. Se siguen cerrando miles de cursos en todo el país por supuesta “falta de matrícula”. ¡Vidal llegó a cerrar las ocho escuelas isleñas del Delta! También quieren liquidar los bachilleratos de adultos y las escuelas especiales, cerrando la inscripción para el primer año. Con el argumento de la “inclusión”, están desguazando las escuelas especiales y enviando a los chicos discapacitados a escuelas comunes con “docentes integradores”. Esto, que ya es una barbaridad pedagógica, ni siquiera se garantiza, dejando miles de docentes sin trabajo, maestros superexplotados y aulas caóticas. En CABA cerraron 29 profesorados con tradición de calidad pedagógica, dejando centenares de docentes en la calle y miles de alumnos sin cursar con el verso de formar una “universidad” para docentes. El listado de cierres, despidos y ataques a la escuela pública se extiende a todo el país.
Detrás de todo ese verso “educativo” se esconden recortes al presupuesto, la aplicación de la Reforma educativa y el Plan Maestro, que buscan liquidar la histórica escuela pública, quitar el derecho social a la educación gratuita y avanzar en la privatización. El lema “educación para ricos, alfabetización para pobres” pasó a ser la política oficial.
La burocracia kirchnerista frena la lucha en defensa de la educación
En los discursos, Alesso, Baradel, Yasky, los dirigentes kirchneristas de CTA, Ctera, Suteba, Amsafe, UTE y demás sindicatos docentes, se muestran como “enemigos acérrimos” del gobierno de Macri, al que tildan de “dictadura neoliberal”, juran que “el ajuste no pasará” y llaman a “la unidad contra el gobierno de Macri”. Pero son fieles al refrán, “de las palabras a los hechos hay un largo trecho”. El repudio de la docencia a la “oferta salarial” gubernamental por debajo de la inflación (que va desde un 15% sin cláusula gatillo”, hasta un 0% del gobierno santacruceño kirchnerista, pasando por el 3%, 5%, 7% y 12%, según la provincia) y a las medidas de ajuste se hace sentir. Se toman escuelas, edificios públicos, hay movilizaciones y todo tipo de reclamos enfrentando los cierres y exigiendo un salario digno. Pero todas estas acciones se están realizando a pesar de las conducciones kirchneristas, con muchas autoconvocatorias. Luego del paro del 5 y 6 de marzo los dirigentes entraron en una tregua absurda. Quisieron justificarla diciendo que “las bases no quieren parar y ven al gobierno fuerte”, pero en las asambleas la docencia resolvió ir a la lucha, coordinada, unificada, con paros progresivos y nacionales. Igualmente, la decisión de los secretarios generales fue “mandatarse” para implementar “paros y acciones” sin fecha en cada provincia y preparar una marcha nacional en abril. O sea, seguir con la tregua y, donde no puedan evitarlo, “apoyar” los paros.
Es fundamental que desde las bases y las oposiciones multicolores exijamos a Ctera que se reanude ya el plan de lucha nacional con paros progresivos, unificando las provincias que están parando como CABA o Neuquén y exigirle a Suteba, Amsafe y demás sindicatos que retomen la lucha, unificando los reclamos.
Sólo la lucha podrá frenar este ataque global a la educación pública y lograr un aumento del presupuesto y del salario docente con la plata que el gobierno destina a la Iglesia, a la educación privada y al pago de la deuda externa.