Escribe Laura Marrone Legisladora electa de la Ciudad de Buenos Aires por Izquierda Socialista/FIT

El 13 de marzo la Corte Suprema falló contra el reclamo de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subterráneos y Premetro (AGTSyP), dejando en la indefinición el reconocimiento de su personería gremial, lo que favorece a la burocracia sindical de la UTA. La Corte Suprema, la misma que hizo el vergonzoso fallo del 2x1 para liberar a los genocidas, ahora contra el derecho democrático de los trabajadores a organizarse libremente.

La burocracia de la UTA es minoritaria entre los trabajadores del subterráneo desde hace décadas. En 2008 los activistas se organizaron masivamente en un nuevo sindicato, la AGTSyP, con delegados de base y democracia sindical, luego de luchas destacadas como el logro de la jornada laboral de 6 horas por la insalubridad y el pase a planta de la mayoría de los trabajadores tercerizados. En 2015 obtuvieron la personería gremial, medida que el gobierno de Macri pretendió desconocer.

La conducción de la UTA a cargo de Roberto Fernández, en cambio, ha sido y es una correa de transmisión vergonzante de los intereses de la empresa Metrovías y de los sucesivos gobiernos. Fernández es uno de los clásicos burócratas sindicales de este país, que desde 1984 no trabaja en un colectivo de línea, pero en cambio se sube a todos los gobiernos de turno. El 19 de diciembre pasado se negó a parar, cuando la CGT llamó tímidamente al paro general luego de la represión del 18 con la que aprobaron la reforma previsional. En febrero la UTA fue uno de los primeros sindicatos en firmar una vergonzosa paritaria de 15% en tres tramos, el último a cobrar en enero de 2019 y sin ningún tipo de cláusula gatillo. Cuando hubo reclamos en el subte por insalubridad o por los accidentes de trabajo que se cobraron la vida de 5 trabajadores del subte en los últimos años, Fernández y su gente siempre se pusieron del lado de la empresa Metrovías que maneja Benito Roggio.

Disciplinar a los sindicatos que no le responden, especialmente, el caso de los de transporte, es vital para el gobierno de Macri. En noviembre de 2017 el impresentable ministro de Trabajo Jorge Triaca, el mismo que viola las leyes de trabajo teniendo personal en negro, anunció que iría contra la personería de 450 sindicatos. La proximidad de la licitación abierta a empresas privadas internacionales de la nueva concesión de Subterráneos de Buenos Aires por 30 años refuerza el interés del gobierno para intentar derrotar la organización genuina de los trabajadores. Todas las conquistas obtenidas en sus condiciones de trabajo podrían estar cuestionadas por los posibles nuevos empresarios privados. Por eso desde el FIT presentamos un proyecto para reestatizar el Subte bajo control de los trabajadores y usuarios. (Ver El Socialista Nº 351)

La semana próxima se abrirían las negociaciones paritarias en el subterráneo y por la denuncia de la existencia de los coches con asbesto (material cancerígero). La comisión directiva de AGTSyP llama a desconocer el fallo de la Corte y reclama su derecho a sentarse en la mesa de negociaciones con la empresa Metrovías y SBASE, a la vez que denuncia el atropello de que se acepte a la UTA en su lugar. Además, presentarán reclamos ante la OIT y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su decisión es seguir representando gremialmente a los trabajadores del subterráneo, tal como sus compañeros así lo respaldan. Desde Izquierda Socialista les damos todo nuestro apoyo.
Los trabajadores son los únicos que pueden decidir quién los representa y quién no. El gobierno pretende interferir en las organizaciones obreras. El sindicalismo combativo se solidariza con los metrodelegados y se suma a la denuncia de esta inaceptable injerencia del Estado sobre el derecho de los trabajadores a organizarse y a elegir libremente sus representantes. Nos preparamos para apoyar las medidas de lucha que definan democráticamente los trabajadores.