Escribe Mariana Morena

La multinacional Carrefour, uno de los empleadores privados más grandes del país, presentó la semana pasada el procedimiento preventivo de crisis (PPC) ante el Ministerio de Trabajo. Con el verso de cuidar las fuentes de trabajo, el gobierno aceptó el requerimiento de la multinacional que autoriza reducir hasta 50% el valor de las indemnizaciones y no impone plazos legales para suspender personal.

Carrefour emplea en el país 19.000 trabajadores y posee 605 locales en 22 provincias, con ventas totales por 3.495 millones de euros en 2017. A pesar de la notable expansión de los locales exprés y la absorción de la cadena Eki, la empresa aduce que la caída del consumo, los costos laborales y operativos le impiden sostener sus ganancias. La empresa busca discutir con el Sindicato de Comercio, al mando de Armando Cavalieri, los despidos de 2.700 trabajadores, la reducción de los salarios y el cierre de sucursales. Carrefour se beneficia con la rebaja de aportes patronales, paga salarios de miseria gracias a las paritarias que acuerda la burocracia y viene haciendo un ajuste gradual desde hace dos años, pasando de 21.000 a 19.000 trabajadores con la vista gorda del sindicato.

Las multinacionales imperialistas hablan de “planes de reestructuración” para dejar trabajadores en la calle, manteniendo y hasta aumentando sus superganancias y lo hacen con la complicidad del gobierno y la burocracia sindical. Lo vimos en AGR-Clarín y PepsiCo. Desde Izquierda Socialista no dudamos: no hay “consenso posible” con los grandes grupos empresarios, como quiere hacer creer el gobierno. No a los despidos, suspensiones ni retiros voluntarios. Que toda empresa que despide o cierra su planta sea estatizada bajo control y gestión de sus trabajadores.