Escribe Guido Poletti

Se acaban de abrir los sobres para la licitación de las obras de diez corredores viales (mejora de rutas y construcción de tramos de autopistas). Están en juego negocios donde el Estado nacional terminará poniendo 6.000 millones de dólares en los próximos dos años y 15.000 millones en los siguientes.

Se presentaron “los conocidos de siempre” de la obra pública. Los que, durante décadas, hicieron sus ganancias de cobrarle de más al Estado y dejar las obras a medio hacer. Esta vez lo hacen formando 10 consorcios donde confluyen 19 empresas locales con 7 empresas extranjeras. Así tenemos a Techint, Roggio, Mindlin (a cargo de la ex Iecsa, la empresa de Calcaterra, el primo de Macri) y otros.

Pero lo novedoso es la forma de contratación. Por primera vez se pone en práctica el esquema de “participación público-privada” (PPP) promulgado en 2016 por el gobierno de Macri. El esquema fue copiado de uno similar inventado hace décadas en la Gran Bretaña de Margaret Thatcher, y luego replicado en otros países. En todos los casos terminó siendo abandonado luego de dar lugar a escándalos y negociados de corrupción, como en España y Grecia. Es que en este esquema, como pasa a ser una “obra privada” nadie controla los costos ni la calidad de su realización.

El PPP consiste en que las empresas privadas contratistas tienen que conseguir ellas mismas el financiamiento de la obra. Claro que el Estado les otorga un certificado de garantía. En concreto, las empresas se endeudan y eso figurará como deuda privada, pero el “garante en última instancia” es el Estado argentino, que será quien finalmente le pague a la empresa al finalizar la obra con la recaudación del impuesto a los combustibles.

En las semanas previas, las empresas participantes de la licitación hicieron lobby hasta que lograron innumerables privilegios: eximición del IVA, libertad para importar insumos y decenas de prebendas más.

Pero ahí no termina la cuestión. Las empresas concesionarias quedarán cobrando los peajes de las obras realizadas y cualquier otro beneficio que surja de las mismas. En realidad no se trata de algo novedoso en la historia argentina: el esquema es similar a lo que sucedió a fines del siglo XIX con las firmas extranjeras que se dedicaron a la construcción de ferrocarriles: la obra se la pagaba el Estado argentino y las compañías ferroviarias se quedaban con el producido de las tarifas y varios kilómetros a la vera de las vías.

El gobierno de Macri privatiza la obra pública en beneficio de mayores ganancias para los grandes grupos económicos. “Legaliza” e “institucionaliza” con la PPP lo que hasta ahora se hizo vía coimas y negociados oscuros, como en la época kirchnerista. Pero los actores son los mismos.

La obra pública es estratégica en cualquier programa económico de desarrollo. Primero y principal porque se trata de poner los recursos del Estado para hacer aquello que las empresas privadas nunca harían por sí mismas. Así se plantea la construcción de rutas, autopistas y caminos, pero también la de redes ferroviarias, puentes, obras de infraestructura para prevenir inundaciones, viviendas populares, hospitales y escuelas. Pero además porque es un recurso privilegiado para crear trabajo genuino en la construcción y así resolver el flagelo del desempleo. Desde Izquierda Socialista rechazamos tajantemente la PPP y exigimos su derogación. Proponiendo en cambio aquello en lo que siempre insistimos: todo lo que se podría avanzar en este sentido si se lanzara un gran plan de obras públicas, financiada con los recursos que se obtendrían de dejar de pagar la deuda externa.