En las últimas semanas asistimos a un nuevo salto en la crisis económica y política en la que nos sumió el gobierno de Macri, crisis que pretenden que sea pagada por los trabajadores y los sectores populares con un nuevo ajuste y saqueo.

La decisión de buscar un salvataje del FMI es la confesión de que todas las medidas anunciadas hasta el momento para enfrentar la crisis han fracasado. En estas últimas semanas el Banco Central financió la fuga de casi 7.000 millones de dólares al servicio de la timba financiera y sigue pagando la fraudulenta deuda externa. Las tasas exorbitantes que le ofrecieron a los especuladores no detuvieron la corrida contra el peso, pero sí agravaron el pasivo del Banco Central y las fuertes tendencias recesivas que redundarán en miles de nuevos despidos.

Asimismo, el pacto con el FMI representa la confesión de que el ajuste anunciado la semana pasada no era suficiente para los especuladores internacionales. En el informe elaborado por el Fondo se “recomienda” bajar los salarios, subir la edad para jubilarse a los 70 años, reducir las partidas de gasto social e imponer una dura reforma laboral.

En pocas semanas la devaluación del peso superó el 7%, lo que incrementará aún más una inflación que ya se estima superará el 25% anual, mientras el gobierno ratificó, en complicidad con la burocracia sindical de la CGT y las CTA, el techo salarial del 15% y encima mandó la reforma laboral antiobrera al Congreso, la cual rechazamos de plano.

La respuesta del gobierno de Macri a la bronca popular contra los tarifazos a los servicios públicos fue el pago en cuotas del gas, con intereses. Una provocación contra las mayorías populares que ya sufren los despidos y el robo salarial.

Ante esto, el peronismo que le había dado los votos al gobierno para sancionar todas las leyes de ajuste y entrega, mientras aplicaban las mismas políticas en las provincias que gobiernan, ahora posa de opositor y presentó un proyecto de ley en el Congreso que le pone límites a los ajustes de las tarifas a futuro, pero que convalida los aumentos hasta noviembre del año pasado. O sea, en complicidad con el gobierno, pensando en las elecciones de 2019 y no en los millones que sufren los tarifazos. En estos momentos siguen negociando con el gobierno nacional y los gobernadores para intentar llegar a un acuerdo. Pero Macri y su camarilla ya decidieron no dar el brazo a torcer, ni siquiera ante un proyecto de estas características. Por eso asistiremos a todo tipo de maniobras para dilatar cualquier ley que cuestione el actual esquema tarifario, y ya Marcos Peña adelantó un veto de Macri en caso de aprobarse en el Congreso.

El kirchnerismo que tildaba a los gobernadores y sus legisladores como “traidores”, va a la saga de éstos. No tiene ningún programa alternativo. Durante su gobierno sostuvieron el esquema privatizador del menemismo y beneficiaron con subsidios multimillonarios a las petroleras vaciadoras como Repsol y, entre otros, subsidiaron a los Cirigliano-TBA que llevaron a la masacre de Once.
La burocracia sindical en todas sus expresiones no sale de su pasividad. Después de haber dejado pasar todos los despidos en el Estado en los últimos meses y firmar los aumentos paritarios a un 15%, ahora dicen estar en contra de los tarifazos “desproporcionados”, pero no se plantean ninguna medida de acción contundente que pueda derrotar la voluntad de este gobierno del gran capital, sus tarifazos y sus salarios de hambre. La CGT peronista sigue en el pacto con Macri y está dispuesta a negociar la reforma laboral en el Parlamento de la mano del conjunto del peronismo. El sector que convocó al 21F llama a movilizarse el miércoles 9 contra los tarifazos, pero sin paro alguno, y a la par hablan de la realización de un paro sin movilización: una medida no para derrotar los planes de ajuste, sino para “descomprimir” el creciente odio obrero y popular.

Todas las fracciones políticas de la burguesía tienen programas que atentan contra los intereses de las mayorías laboriosas de la Argentina. Unos sosteniendo un ajuste y “enfriamiento” de la economía. Otros alentando a una megadevaluación que golpeará aún más a los bolsillos del pueblo trabajador. Son viejas recetas capitalistas con las cuales perdieron los trabajadores y se beneficiaron los grandes empresarios, las multinacionales, los bancos y el imperialismo.
 
El Frente de Izquierda y de los Trabajadores sostiene un programa alternativo al de los ajustadores y devaluadores: no al pacto con el FMI, que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores.

En la Argentina todo aumentó, menos el salario de los trabajadores. Abajo el techo salarial del 15% y en cuotas. Reapertura de las paritarias con cláusula gatillo. Aumento de emergencia para los jubilados. Anulación del robo jubilatorio votado en diciembre. Que nadie gane menos de lo que cuesta una canasta familiar. 

No convalidamos ningún aumento de tarifas, sostenemos la anulación de todos los tarifazos. Exigimos la apertura de los libros de contabilidad de las empresas prestatarias de servicios públicos y de transporte y de las petroleras y gasíferas para investigar qué hicieron con los multimillonarios subsidios recibidos en “la década ganada” kirchnerista. 

Nuestra salida es de fondo. Planteamos la nacionalización y estatización integral de los hidrocarburos y de las empresas privatizadas de servicios públicos y de transporte, sin pago, para ponerlas a funcionar bajo control y gestión de trabajadores y organizaciones de usuarios.
Ante las corridas cambiarias y la descomunal fuga de capitales sostenemos la necesidad de nacionalizar la banca y crear un banco estatal único que concentre el ahorro nacional y otorgue créditos baratos a los sectores populares y pequeños comerciantes. Asimismo, sostenemos la necesidad del monopolio estatal del comercio exterior.

Planteamos que se deje de pagar ya la deuda externa para destinar esos fondos a salario, trabajo, salud, educación y vivienda, no para los usureros internacionales.

Estas son medidas elementales de soberanía nacional, en función de un plan económico dirigido por los trabajadores, para frenar la sangría que se está produciendo con la fuga de capitales. Con esos fondos e impuestos progresivos a la banca y a los grandes grupos económicos se podrá financiar un plan de obras públicas para generar trabajo genuino, combatir la pobreza y desigualdad social y que toda la población pueda acceder a servicios públicos baratos y de calidad. 

El gobierno del gran capital no va a ceder en sus pretensiones con paros aislados. El paro activo nacional como parte de un plan de lucha, preparado para garantizar que cientos de miles de trabajadores puedan participar en las calles de una imponente movilización retomando la rebelión de diciembre contra el robo jubilatorio y otras expresiones de lucha, es la herramienta que tenemos para acabar con los planes de ajuste y entrega y comenzar a imponer un programa de los trabajadores para que la crisis la paguen ellos, los ajustadores. 

Este miércoles 9, el Frente de Izquierda convoca a movilizarse frente al Congreso desde las 10 por la anulación de los tarifazos, la nacionalización sin pago de las empresas privatizadas y la exigencia a un paro activo nacional. 

Frente de Izquierda y de los Trabajadores
PTS -  Partido Obrero - Izquierda Socialista
8/5/2018