Escribe José Castillo

El martes al mediodía el presidente Macri anunció que la Argentina vuelve al FMI. En los próximos días nos enteraremos de cuál será el detalle del nuevo plan de ajuste que nos exigirá este organismo a cambio de prestarnos un dinero que, probablemente, ni siquiera termine ingresando como fondos frescos al país (pero sin lugar a dudas aumentará nuestra deuda externa).

Pero ya tenemos “anunciadas” las medidas de ajuste dadas a conocer el viernes pasado por el presidente del Banco Central Federico Sturzenegger y el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne. Lo podemos sintetizar en una frase: un plan de guerra contra los trabajadores. Veamos: Sturzenegger subió la tasa de interés de referencia del Banco Central a 40% (recordemos que hace apenas diez días estaba en 27,25%). Esto encarecerá el crédito hasta niveles insoportables: lo viviremos todos cuando tengamos que pagar la cuota de un préstamo personal o hipotecario, o simplemente cuando no nos quede otra que financiar algún consumo con tarjeta de crédito. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció por su parte un mayor ajuste en el gasto público, que incluye reducir 30.000 millones de pesos la obra pública -la mitad de lo proyectado para todo 2018- y otros 30.000 millones de “gastos generales”. El achicamiento de la obra pública significa menos puestos de trabajo en la construcción (y por lo tanto más desempleo) y la paralización de obras en escuelas, hospitales o rutas.

La política económica macrista está construida sobre los pies de barro de un endeudamiento externo insostenible en el tiempo que, a la vez, financia una descomunal bicicleta financiera que siempre termina en la “puerta de salida”: la vuelta a la divisa extranjera y la consiguiente fuga de esos capitales. En estas semanas, los principales fondos especulativos internacionales invertidos en la Argentina tomaron la decisión de que ya era “hora de irse”. Y ahí comenzó la corrida. La respuesta del gobierno fue primero tratar de evitar la estampida garantizándoles todos los dólares baratos que quisieran. Así regaló 5.000 millones de dólares de reservas pero no pudo evitar que el dólar siguiera subiendo. El viernes 27 (antes del fin de semana largo) empezó a subir la tasa de interés (de 27,25% a 30,25%, luego a 33,25% y finalmente al ya mencionado 40%). Y lo acompañó con las señales requeridas por el establishment financiero mundial: un mayor ajuste que garantice la capacidad del estado argentino de seguir pagando la deuda externa.

La respuesta de los medios económicos que responden a ese establishment y de las consultoras que asesoran a los fondos especulativos internacionales fue clara: “Las medidas van en la dirección correcta, pero son insuficientes”. En síntesis: reclamaban más ajuste aún.
Por eso el lunes y el martes siguieron “apretando”: se fugó más capital especulativo que provocó una caída en la cotización de la Bolsa de Buenos Aires y que el dólar siguiera subiendo, hasta llegar a tocar los 23,50 pesos. Hasta que llegó el anuncio (que se venía negociando desde hace días) de que la Argentina volvería a pedirle prestado al FMI. Toda una señal de que el macrismo se apresta a ejecutar un ajuste mayor aún que el anunciado el viernes, siguiendo las directivas que le plantee el Fondo.

Lo que viene sucediendo en los últimos diez días ha puesto al desnudo los desequilibrios insostenibles de la política económica de Macri: el gobierno depende de un cada vez mayor endeudamiento y de la buena voluntad de los capitales especulativos internacionales. Y ahora también de lo que le preste el FMI. Si el dólar se estabiliza a este nuevo nivel, a lo sumo habrá comprado tiempo, antes de que estalle una nueva crisis, de mayor dimensión aún.

Las consecuencias de corto plazo serán pagadas una vez más por los trabajadores, los jubilados y el conjunto de los sectores populares: más inflación, salarios y jubilaciones pulverizados, menor actividad económica y más desempleo. En síntesis, mayor ajuste al servicio de garantizar mayores ganancias a los buitres financieros a costa de las necesidades de las mayorías populares.

La salida pasa por hacer exactamente lo opuesto a lo que quiere imponer el gobierno. ¡Ningún acuerdo con el FMI! Hay que dejar de pagar la deuda externa y volcar todos esos recursos a salario, trabajo, salud, educación y vivienda. Hay que cortar de raíz la especulación con las tasas y el dólar, nacionalizando la banca y el comercio exterior. Hay que hacer que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores.