Escribe Malena Zetnik

El martes 12 de junio se revolverán los dictámenes del plenario de comisiones (Legislación General, Legislación Penal, Salud y Familia) en el que vienen discutiéndose desde el pasado 10 de abril las propuestas sobre la legalización del aborto. La votación en la Cámara de Diputados será el 13 de junio.

El proyecto que llegó al debate con más apoyo (72 firmas) fue el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que prevé la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas y, luego, el aborto por causales como afectación de la salud integral de la mujer, violación o malformaciones fetales graves. Pero hoy en día hay 114 diputados que están en contra, 112 a favor y 30 indecisos (La Nación, 3/6). Por eso estamos llamando a redoblar la movilización para torcer esos números en favor del derecho al aborto.
Hay un primer peligro, que es que se vote una ley de despenalización del aborto, no la legalización como exige la campaña. Eso solo significaría que no sea delito, no que sea legal con todas las garantías y coberturas para la mujer que se practique un aborto, con lo cual estamos en contra.
A su vez, hay muchos sectores del PRO, el kirchnerismo, el PJ y el Frente Renovador que proponen modificar varios artículos del proyecto para “negociar” con diputados más cercanos a la Iglesia.
Entre los cambios que se plantean están la inclusión de la objeción de conciencia (para que los médicos tengan derecho a negarse a realizar la práctica por su religión) y un equipo interdisciplinario que le “explique” a la mujer el peligro de abortar y le sugiera otras opciones, como la adopción. Frente a estas propuestas debemos ser claras: en países como Italia o Uruguay donde existen estos puntos en las leyes sobre aborto legal, lo único que consiguen es obstaculizar el derecho de las mujeres. Si un médico está en contra de una práctica de salud por cuestiones religiosas, simplemente no debe optar por esa especialización y, mucho menos, debe ser jefe de servicios. La objeción de conciencia en estos países es utilizada para negarles el derecho a las mujeres en servicios y hasta hospitales en los que todos son objetores. Lo mismo ocurre con los denominados equipos interdisciplinarios que llamarían a las mujeres a la “reflexión”, en los cuales suelen incluirse a curas. Cuando una mujer solicita una interrupción de un embarazo, resulta una forma de violencia que se ponga en duda su decisión y se la mande a la casa a pensarla por cinco o más días, cosa que no ocurre con ninguna otra práctica de salud.
Otro punto que se pone en debate del proyecto original es el derecho de las mujeres a solicitar la interrupción voluntaria del embarazo a partir de los 13 años de edad, sin autorización de padres o tutores. En la actualidad, no solo este derecho ya existe, sino que resulta fundamental, ya que muchos de los embarazos tempranos ocurren en contextos de violencia intrafamiliar, por lo que es vital que las adolescentes puedan solicitar la interrupción. Y, en el caso de las niñas menores de 13 años, que se garantice el efectivo derecho a ser escuchadas más allá del ámbito familiar. Actualmente se dio en Salta el caso de una niña de 12 años violada por su padrastro, que cursa un embarazo de alto riesgo, y la Justicia sostiene que su familia se opone a la interrupción. Un hecho similar se está dando en Mendoza.
Ante estos y otros intentos de “negociar” el proyecto de la campaña, debemos ser contundentes: exigimos que se apruebe el proyecto de ley presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Es el proyecto que se armó con años de discusiones del movimiento de mujeres y el que defendemos todas desde las calles.