Escribe José Castillo

 Ya hay números de cuánto nos saldrá el acuerdo con el Fondo: 200.000 millones de pesos. Despidos, salarios por debajo de la inflación, recortes en obras públicas y en las jubilaciones es el “menú” que nos quieren hacer tragar.

Ya se empiezan a delinear algunos de los aspectos centrales del ajuste que Macri está negociando con el FMI. El ministro Dujovne trató de esconder detrás de un supuesto “achique” a los privilegios de los funcionarios. Mentira. Lo real es que informó que por dos años queda congelado cualquier ingreso a la administración pública nacional. En concreto, quiere decir que ningún trabajador de los miles que están en diversas situaciones transitorias (la mayoría facturando como monotributistas y sometidos a la más absoluta precariedad) pasará a la planta permanente. A esto hay que agregarle que todos los convenios por asistencias técnicas quedarán sin efecto a partir del 31 de diciembre. Traducido: al menos 7.000 trabajadores contratados que están en esa situación serán despedidos. A la vez, se informa que todos los organismos del Estado, centralizados o descentralizados, tendrán que ajustar sus gastos un 25% .
Dujovne avisó también que se suspenden todos los pagos de bonificaciones o premios y se reducen las horas extras y los viáticos. Los salarios de los empleados estatales se componen en muchos casos de este tipo de ítems, pagados casi siempre en negro. Todo esto va a significar una reducción salarial, que se sumará al 12% que pretende aplicar el gobierno como aumento para 2018, escandalosamente por debajo de la inflación.
A este brutal ajuste en el sector público hay que sumarle los otros rubros por donde pasará la guadaña del FMI. Se eliminará el Fondo Nacional de Incentivo Docente (la parte del sueldo de los maestros que paga el Estado nacional), se quieren liquidar todos los regímenes de jubilaciones especiales (como los de los propios docentes), se ajustará más aún a las empresas públicas, dejando a algunas de ellas, como Aerolíneas Argentinas, al borde del desfinanciamiento para negocio de las low cost amigas del presidente. Y como ya se había anunciado previamente, se reducirán las obras públicas, con lo que eso significa no sólo en términos de deterioro de infraestructura, caminos, escuelas y hospitales que se seguirán cayendo a pedazos, sino también muchos menos puestos de trabajo, sobre todo en la construcción. También estará el achicamiento del presupuesto universitario, como ya dejó entrever la gobernadora Vidal con su discurso cavernícola atacando a las universidades públicas.
Todos estos anuncios son apenas la punta del iceberg del superajuste que conoceremos en detalle cuando esté firmado el acuerdo con el FMI. Ajuste que se sumará al que ya venimos sufriendo con los tarifazos, el techo salarial de 15% y los despidos.
El ministro Dujovne miente descaradamente cuando dice que todos estos anuncios “no tienen nada que ver con las exigencias del FMI”. ¡Claro que tienen que ver! ¡Este es el plan del Fondo! Plan que estará al servicio de generar “ahorros” a costa del hambre y la miseria popular para garantizarles a los usureros internacionales el pago a rajatabla de la siempre creciente deuda externa.
Es urgente que salgamos a enfrentar este ataque al bolsillo de los trabajadores. Se acabó el tiempo de las declaraciones: la CGT tiene que lanzar ya mismo un paro general y un plan de lucha. Y a la excusa de que “no hay otra salida frente a la crisis”, le tenemos que oponer el programa alternativo que levanta la izquierda: dejar de pagar la deuda externa y poner todos esos recursos al servicio del trabajo, el salario, la educación, la salud y la vivienda.