Escribe César Baudino Colectivo de Trabajadores por la Ventana • Paraná-Entre Ríos

En estas semanas, el juez federal Leandro Ríos develó que investiga una aparente red de narcotráfico que utilizaría la estructura y los recursos del estado local. La trama involucra al intendente de la capital, Sergio Marisco (UCR-Cambiemos) y funcionarios del gobierno de Cambiemos.
Desde hace más de una década la municipalidad de Paraná está penetrada por bandas mafiosas con la complicidad de los partidos burgueses (PJ y la UCR, ahora en Cambiemos). Además, sindicalistas apretadores y extorsionadores, bandas narcos que responden a distintos personajes de la política local sin distinción de partidos, manejan el ingreso de trabajadores que responden al partido político de turno por favores de campaña.

El intendente de Paraná, Sergio Varisco, llegó otra vez al poder en 2015, esta vez no solamente por la militancia partidaria sino con el apoyo “militante y financiero” de la banda de Daniel Celis, actualmente preso y acusado de tráfico de estupefacientes.
Precisamente, el juez Ríos investiga la aparente red de narcotráfico que utilizaría la estructura y los recursos del estado local; camiones de recolección de basura serían el transporte de droga entre los barrios, a lo que se suma una estructura de poder municipal que sostendría el negocio y financiamiento del narcotráfico con la comercialización de marihuana y cocaína.
Así, el territorio de la ciudad se convirtió en un campo de disputa de bandas narcos penetrando los barrios más humildes, afectando especialmente a la juventud sin trabajo. También están en tensión los ingresos de los vecinos de la ciudad que se reparten como un botín de guerra (mientras que los ciudadanos son rehenes y víctimas de la situación, sin la cobertura adecuada de los servicios básicos que debe prestar el municipio).
Cabe acotar que en 2017 quince integrantes de esa banda fueron detenidos cuando descargaban 300 kg de droga en una zona rural cerca de Paraná de una avioneta proveniente del Paraguay.
Precisamente el intendente Varisco declaró ante Ríos como indagado, con restricción de ausentarse de la ciudad, mientras que el concejal de Cambiemos Pablo Hernández y la ex subsecretaria de Seguridad, sargento de policía y que ahora está en prensa de Servicios Públicos, Griselda Bordeira, más el empleado municipal Alan Viola, quedaron detenidos.
Ante ese escenario, y con los nuevos allanamientos, se profundizaría la línea respecto al mecanismo económico municipal de financiamiento del narcotráfico. En el cálculo que hacen en la Justicia, en base a la documentación secuestrada en las distintas dependencias de la municipalidad, más los testimonios, se estima que el gobierno paranaense aportaba entre 200.000 y 300.000 pesos de financiamiento a la banda narco de Celis, entre descuentos compulsivos a los empleados de varios organismos y las “colaboraciones” que tenían que concretar encumbrados funcionarios, por expresa orden del intendente. En concreto, se habla de más de 150 contratos de entre 6.000 y 25.000 pesos a nombre de personas vinculadas a Celis que se vienen renovando desde diciembre de 2015 y servirían para la “logística del negocio”,
Lo llamativo es la apatía de los vecinos respecto al tema que pone en riesgo a toda la población, y la falta de condena social por parte de los sindicatos, especialmente del sector municipal.
A los paranaenses nos hace falta manifestarnos, renovar y crear organizaciones de trabajadores que defiendan el ingreso por concurso y que estén al servicio de la ciudadanía y no al servicio de las distintas corporaciones.