La Justicia acaba de concederle la excarcelación a Eduardo Alfonso por crímenes de lesa humanidad. El Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín decidió otorgarle la libertad al ex general Alfonso, acusado del secuestro de una mujer embarazada y su hija menor -nuestra compañera Juliana García-. En esa causa, en noviembre del año pasado, Alfonso recibió una “irrisoria” condena de 4 años de prisión, y fue absuelto del asesinato del padre de Juliana. Ahora, el mismo tribunal le concedió la excarcelación por haber cumplido más de la mitad de la pena, pese a que la sentencia no está firme y que puede fugarse ante una eventual condena a perpetua por ese homicidio, como ya hizo en 2012 cuando se fugó a Paraguay.

Alfonso participó de un operativo el 12 de enero de 1977 en Villa Adelina, en el que un “grupo de tareas” allanó ilegalmente la vivienda de Antonio Domingo García, su pareja embarazada, Beatriz Recchia, y la hija de ambos, Juliana, de años. Antonio fue ejecutado, mientras Beatriz fue secuestrada, dio a luz en la maternidad clandestina de Campo de Mayo y permanece desaparecida. Juliana fue entregada a su abuela materna; años más tarde, se unió a la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo, y en 2009 pudo recuperar de sus apropiadores a su hermana nacida en cautiverio.
Alfonso, que llegó a secretario general del Ejército durante las presidencias de De la Rúa y Duhalde, recién fue detenido en 2008. Pese a que las pruebas de su participación en el operativo figuran en su legajo, la Cámara Federal de San Martín lo dejó libre por falta de mérito. En 2012, ante una nueva orden de detención, se fugó al Paraguay donde permaneció cuatro años con una identidad falsa, hasta que, acorralado, se presentó a la Justicia y quedó preso. Después de ese vergonzoso juicio que lo condenó a solo 4 años de prisión (“un cachivache” según Juliana), la semana pasada logró la excarcelación por haber cumplido dos tercios de la condena y por su “buena conducta”. Previo depósito de una caución de 300.000 pesos, ahora puede circular por el país con la sola molestia de una pulsera para no cruzar la frontera. ¡Indignante! Este caso se suma al de numerosos represores que en estos 35 años de democracia bajo gobiernos patronales, fueron beneficiados con domiciliaria por razones de salud. De hecho, en los últimos dos años, alrededor de 160 represores abandonaron la cárcel para ir a sus casas (53 % de los 1.034 detenidos por delitos de lesa humanidad cumplen domiciliaria). Una política de impunidad que el gobierno de Macri pretendió consagrar con el “2x1” que derrotamos con una inmensa movilización popular junto con escraches a los “genocidas sueltos” como Etchecolatz.
Izquierda Socialista repudia la excarcelación, rodea de solidaridad a Juliana y llama a redoblar la lucha por perpetua y cárcel común a Alfonso y a todos los genocidas.
Mariana Morena