Escribe Mercedes Trimarchi Diputada de Izquierda Socialista / FIT Dirigente de Isadora

A la par del debate por el derecho al aborto y luego de la media sanción obtenida gracias a la movilización de las mujeres, se está tratando en Diputados un proyecto de ley de “libertad religiosa” que presentó Macri el año pasado. Tiene como finalidad aumentar los privilegios de la Iglesia Católica y las demás religiones, otorgándoles totales garantías y beneficios impositivos para que continúen sus negociados en educación y salud. Y puntualmente, establece la objeción de conciencia institucional para que, de aprobarse la ley por el derecho al aborto, puedan no cumplirla en sus clínicas privadas. Denunciamos este proyecto del gobierno y exigimos la inmediata separación de la Iglesia del Estado.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda consideramos que las creencias y las religiones son del ámbito personal y privado de cada persona y, por lo tanto, no deben interferir en los asuntos del gobierno, del Estado, en salud o educación y, mucho menos, deben ser subsidiadas. El sostenimiento a la Iglesia Católica está amparado en el artículo 2° de la Constitución Nacional. En 1966, bajo el gobierno de Onganía, se homologó el Concordato entre la Santa Sede y la Argentina (ley 17.032) en el que se le otorga total injerencia a la Santa Sede para erigir nuevas circunscripciones eclesiásticas en nuestro territorio. También, en el artículo 146 del Código Civil se establece a la Iglesia Católica como una persona jurídica pública, al mismo nivel que el Estado nacional, las provincias y los municipios, demostrando el alto grado de poder y extensión que tiene la Iglesia Católica en nuestro país.

El financiamiento económico con el dinero de los impuestos de los contribuyentes a la Iglesia Católica fue ratificado por las leyes de la última dictadura militar y ningún gobierno posterior, ni peronistas, ni radicales, ni la Alianza, ni el kirchnerismo durante sus doce años de gobierno, ni ahora Macri y Cambiemos, las derogaron. Todos los partidos patronales que gobernaron están de acuerdo en favorecer y financiar a una institución reaccionaria y ultraconservadora como es la Iglesia Católica, que vive de privilegios y actúa siempre contra los derechos de las mujeres y de los demás sectores oprimidos que se movilizan y salen a luchar.

La Iglesia es parte de la educación

Uno de los negocios que mantiene la Iglesia Católica con los distintos gobiernos patronales de turno es el subsidio a sus escuelas confesionales privadas. Pero su injerencia en la educación no es sólo mediante el financiamiento, sino también en el plano de las creencias y costumbres. En 2006 se sancionó la ley 26.206 de educación nacional que fue una gran concesión a la Iglesia Católica al establecer el carácter integral de la educación, incluida la dimensión religiosa. Esto fue un salto cualitativo sin precedentes que habilitó a que en muchas provincias se enseñe religión en las escuelas estatales. Actualmente, en Salta, Tucumán y Catamarca se contempla la obligatoriedad de la educación religiosa en sus establecimientos. En Santiago del Estero se autorizan de manera optativa las clases de religión en el sistema educativo público. A su vez, Córdoba, La Pampa y San Luis establecen que la enseñanza religiosa debe impartirse con posterioridad al horario de clase.

Con la sanción de la ley 26.150 de educación sexual integral (ESI) pasó algo similar. Fue el Episcopado quien rápidamente publicó un documento llamado “Educación para el amor” en el cual se establecía cómo dar los contenidos de ESI en las escuelas confesionales. Allí, por ejemplo, se habla solamente de relaciones heterosexuales, del matrimonio entre un hombre y una mujer, de la condición natural y no social del género, de las relaciones sexuales circunscriptas a la procreación, de la defensa de la vida desde la concepción y se condena la interrupción voluntaria del embarazo y a los métodos anticonceptivos.

Por la inmediata separación de la Iglesia del Estado

La existencia de una cifra enorme de abusos sexuales de niños y niñas por parte de los curas (obispos incluidos) no es una cuestión puntual ni esporádica. Por el contrario, se trata de un sistema muy organizado. El libro “Lujuria” del periodista italiano Emiliano Fittipaldi describe cómo la Iglesia tapa los casos de pederastia y encubre a los violadores. Por ejemplo, en 2013 hubo 1.200 denuncias de acoso a niños y niñas en todo el mundo que fueron llevadas al Vaticano. El papa Francisco los encubrió y recién se reacomodó cuando aparecieron escándalos periodísticos o movilizaciones de masas, como en Chile. Es más, Bergoglio sabía que en el instituto para niños sordos Antonio Próvolo de la Argentina se refugiaron durante muchos años sacerdotes violadores.

Es inadmisible que una institución con este prontuario y que tuvo estrechos vínculos con la última dictadura militar esté hoy a cargo de la educación de miles de niños y niñas en nuestro país. Y que encima sea beneficiada con dinero que sale de nuestros impuestos. Por eso exigimos que el gobierno deje de subsidiarla y que retire el proyecto de libertad religiosa que le otorga más beneficios. Hoy, con la fuerza del movimiento de mujeres que está en las calles, exigimos la inmediata separación de la Iglesia del Estado.