Macri anunció desde Campo de Mayo que a partir de ahora las fuerzas armadas “podrán colaborar en seguridad interior”. Posteriormente se conoció el decreto 683 con los detalles del anuncio. Plantea cambiar el estatus de las fuerzas armadas, autorizándolas a participar en la represión interior, una “tarea” que hasta ahora tenían prohibida. Se lo escuda detrás de expresiones generales como que intervendrán en “la lucha contra el narcotráfico”, contra el “terrorismo internacional”, o en el “cuidado de lugares estratégicos” como yacimientos o represas hidroeléctricas.

¿De qué se trata en concreto? No es que ahora tendremos fuerzas armadas “modernas del siglo XXI”, ni que servirán para garantizar más seguridad al pueblo trabajador en los barrios. Todo lo contrario. No es casual que estos cambios surjan justamente cuando se empieza a avanzar con el mayor ajuste impuesto por el FMI y se avecina más crisis social con un aumento de la conflictividad. Es un paso para habilitar una mayor represión. El planteo de que a partir de ahora el ejército, la marina y la aeronáutica actúen en forma “coordinada” con la gendarmería busca fortalecer la capacidad de acción contra las luchas obreras y populares del conjunto del aparato represivo.
El nuevo rol asignado a las fuerzas armadas apunta también a garantizar un mayor alineamiento con los objetivos estratégicos que el imperialismo yanqui ha fijado para los ejércitos de la región: luchar contra el “narcotráfico” y el “terrorismo”. ¿Lucha contra el narcotráfico cuando todos los días surgen escándalos por casos donde están implicados militares, gendarmes y policías? ¿A qué se refiere esta definición genérica de “terrorismo”? La Argentina tiene un largo historial que no deja lugar a dudas: al “terrorismo” se lo utilizará como “paraguas” para catalogar así cualquier lucha como “desestabilizadora” y reprimir al pueblo, la clase trabajadora, las mujeres y la juventud. Ese es el “conflicto interno” en el que se permitirá intervenir a las fuerzas armadas. ¿Qué quiere decir “cuidar” lugares estratégicos? Es dar vía libre para que puedan intervenir reprimiendo protestas que repudien la minería contaminante o la entrega de Vaca Muerta. “Terrorismo internacional”, por otra parte, es un término a medida de la conveniencia estratégica de Trump y el imperialismo yanqui, el mayor terrorista del planeta juntamente con Israel, casualmente el “vendedor privilegiado” de armas y arsenal para la represión interna al gobierno de Macri.
En síntesis, esta redefinición del rol de las fuerzas armadas es un paso para dar lugar a un fortalecimiento del aparato represivo, que implicará más plata para reequipar al conjunto de las fuerzas, como ya se lo está reconociendo desde el gobierno. Justamente en el momento en que, de la mano del ajuste del FMI, se busca justificar que hay que recortar 300.000 millones de pesos, con sus consecuencias de menores salarios, más desocupación, jubilaciones más miserables y el deterioro de la educación y la salud públicas. ¡Para todo esto no hay plata, pero para el aparato represivo sí! Es que Macri sabe que el ajuste no pasa sin represión y se dispone a llevarla adelante para así seguir robando el país.
El gobierno de Cambiemos plantea que enviará efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea a las fronteras a “luchar contra el narcotráfico” para así “liberar” tropas de Gendarmería que, supuestamente, ayudarían a garantizar mayor seguridad en los barrios. Es algo rotundamente falso: hace años que la Gendarmería (y otras fuerzas de seguridad como la Prefectura) intervienen en actividades distintas del cuidado de las fronteras terrestres y fluviales. Lo principal de su accionar, así como el nuevo equipamiento que las ha “modernizado” estuvo y está al servicio de reprimir la protesta social. Ya vimos a la Gendarmería, por ejemplo, en los cortes de Panamericana, puente Pueyrredón y en la autopista a Ezeiza en la zona del Gran Buenos Aires. O muchísimas veces en conflictos provinciales contra docentes, trabajadores estatales, mineros o petroleros. También la Gendarmería fue la principal responsable de la represión que, hace justamente un año, terminó con la muerte de Santiago Maldonado. Y la Prefectura asesinó a Rafael Nahuel. En lo que respecta a su presencia en los barrios populares, han cumplido el mismo rol que la policía: perseguir a la juventud, mientras que rápidamente se entrelazaban en los mismos negociados de siempre con el narcotráfico, la prostitución y la trata.
Macri, con este decreto da un salto en una tendencia que ya tenía sus antecedentes en años anteriores. No olvidemos que, durante el kirchnerismo, también buscando un alineamiento con las exigencias del imperialismo yanqui se había promulgado la llamada “ley antiterrorista”. Y se hizo inteligencia interna contra las organizaciones populares, como el tristemente célebre “Proyecto X” de Milani.
No podemos dejar que este decreto pase. Macri quiere volver a darles a las fuerzas armadas un lugar que habían perdido, arrinconadas por el repudio a los genocidas y las luchas populares luego de la dictadura. No es cierto, como quieren hacernos creer desde el gobierno, que “estas fuerzas armadas no tienen nada que ver con las de la dictadura”. Hay oficiales y suboficiales en actividad que participaron de la represión genocida y tantos otros formados en su doctrina. Como hemos dicho miles de veces es una tarea pendiente el desmantelamiento del aparato represivo. Macri, por el contrario, se juega a fortalecerlo. Hay que salir a pararlo tal como lo hicimos cuando obligamos al gobierno a dar marcha atrás con el 2x1 de la Corte Suprema que le garantizaba impunidad a los genocidas. Este jueves movilicémonos masiva y unitariamente a las 15.30 horas a Plaza de Mayo en la ronda de las Madres junto con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y todas las organizaciones políticas, sociales, sindicales y de derechos humanos para impedir que se ponga en práctica. En las calles podemos obtenerlo.