Escribe Ezequiel Peressini, Legislador de Izquierda Socialista/FIT

El dirigente de ARI y Cambiemos de Córdoba Gregorio Hernández Maqueda presentó una denuncia penal contra los legisladores que estuvimos presentes en el desalojo de los vecinos de Juárez Celman que efectuó la policía de la localidad. La denuncia de “incitación a la violencia” e “intimidación pública” se suma a la persecución política y la judicialización de los luchadores sociales contra quienes enfrentamos el ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI.

El viernes 1° de junio a las 6 de la mañana la policía de Córdoba llevó adelante un brutal desalojo de los vecinos del barrio Parque Esperanza, ubicado en la localidad de Juárez Celman. Ellos ocupaban las tierras desde hace cuatro años y reclamaban la necesidad de la vivienda digna para las 154 familias. El desalojo se había postergado en cuatro oportunidades porque la lucha de los vecinos había conquistado una negociación con el ministro de Desarrollo. Pero esta vez el gobierno rompió las negociaciones y no dudó en mandar a la policía, que ingresó con perros y caballos, golpeando, deteniendo, demoliendo las viviendas e incendiándolas, todo con el único objetivo de entregar el predio desalojado -sin personas ni construcciones, desmalezado y debidamente cerrado con alambre perimetral- al representante legal de Urbanor S.A.

Gregorio Hernández Maqueda es un títere de Lilita Carrió y el presidente Macri y por lo tanto también de la intendenta de Juárez Celman, Miryam Prunotto. Todos son de Cambiemos y muestran con esta acción que tienen grandes acuerdos con el gobierno de Schiaretti cuidándose mutuamente los intereses. Con su denuncia, este personero de los grandes desarrollistas inmobiliarios, grandes empresarios, saqueadores y especuladores, quiere ocultar la responsabilidad política del gobierno de Unión por Córdoba y el gobierno nacional que provoca y profundiza una enorme crisis habitacional.

Este farsante busca esconder que quienes promovieron la violencia en el desalojo fueron el gobernador Juan Schiaretti y la Policía de Córdoba, no los legisladores que apoyamos incondicionalmente a los que luchan. Nuestra presencia en el lugar fue para evitar un desalojo irregular en el que no se realizaron las notificaciones correspondientes y la brutal represión. A la vez hemos presentado un proyecto reclamando la expropiación de todos los terrenos ocupados.

Como legislador de Izquierda Socialista/FIT juré defender y acompañar las luchas obreras y populares y lo seguiré haciendo de la misma manera. No nos intimidan estas acciones reaccionarias y a su vez repudiamos la judicialización de los luchadores sociales y políticos que, como nuestro compañero Rubén “Pollo” Sobrero o la secretaria general del sindicato docente ATEN Capital de Neuquén, Angélica Lagunas, son víctimas de persecuciones semejantes.

La denuncia penal fue presentada y ahora está en manos de la justicia de la provincia, quien debe decidir si se suma a esta campaña de persecución y se transforma en cómplice o desestima de plano esta denuncia presentada, como exigimos que lo haga. No bajaremos los brazos y realizaremos todas las campañas necesarias para frenar esta nueva embestida.