Escribe Juan Carlos Giordano

Los empresarios que confesaron pagar coimas son parte de directorios de empresas que siguen operando. Se trata de obras ya comenzadas bajo los ministerios de Energía, de Transporte y de Interior. Según el gobierno, “por el momento no vamos a cancelar obras, el Estado no rescinde un contrato por algo que apareció en un cuaderno” (Clarín, 7/8). Por ejemplo, las firmas involucradas Electroingeniería, Hidrocuyo y la gigante china Gezhouba tienen a cargo represas como Cóndor Cliff y la Barrancosa por 4.714 millones de dólares. Ivanissevich, ex dueño de la coimera Emgasud, hoy es presidente de 360 Energy. Macri quiere seguir con los negocios turbios. Muchos de ellos se han diversificado, como Roggio, que también es dueño de Metrovías.

La obra pública es un gran negocio capitalista que fue creciendo a medida que avanzaba el desguace de las empresas del Estado que fueron privatizadas. Hay que rescindir todos los contratos con estos mafiosos. Y que el Estado se haga cargo de todas las obras, bajo control y gestión de trabajadores.

Décadas atrás, cuando el capitalismo no había entrado en la decadencia actual, las empresas del Estado jugaron un rol clave en muchas obras. Todos recordamos a Vialidad haciendo los caminos y rutas. A la ex Gas del Estado construyendo las obras de gas en red, vanguardia en el mundo. YPF hacía obras con sus profesionales. Así pasó también con Altos Hornos Zapla, Fabricaciones Militares, Somisa (hoy Techint). Lo mismo pasó con las empresas de energía, las eléctricas o los ferrocarriles. Empresas que fueron privatizadas al servicio del negocio capitalista.

Desde la izquierda proponemos un plan de obras públicas, estatal, controlado por trabajadores y organizaciones de desocupados, para dar trabajo genuino, con dinero de la deuda externa, como parte de un plan económico alternativo, obrero y popular, que también reestatice las privatizadas. Solo así y no apostando a los Roggio, Techint o Calcaterra se van a solucionar las urgentes necesidades populares.